Los contenidos del título propio de Estudios Inmobiliarios se completarán con un máster oficial, además de abrirse a programas de doctorado. Así lo reveló ayer el vicerrector de Economía, José Luis Peña, justificando ese salto cualitativo en la «importancia» y «transcendencia» de las diversas materias (jurídica, económica, contable, sociológica y de ingeniería) que deben dominar los administradores de fincas al tratarse de una profesión «multidisciplinar».
De esta forma, la UBU se convertirá en la primera universidad de España de la que saldrán doctores en administración de fincas. En cuanto a estos programas, se pondrán en marcha el próximo curso 2013-2014, si bien las tesis llevarán un trabajo de investigación de tres o cuatro años de media. «Los futuros candidatos tienen tanto en la propia Escuela de Doctorado como en el departamento de Derecho Privado una trinchera para poder analizar aspectos muy trasversales, además de poder demostrar a todo el mundo (técnicos y políticos) la importancia en el contenido y la investigación que supone la administración inmobiliaria en general», precisó el vicerrector.
Como ya ocurriera hace 14 años con en el título propio de Estudios Inmobiliarios, la institución académica burgalesa será pionera en un máster oficial en la materia, aunque en este caso la implantación se extenderá más en el tiempo al llevar consigo un proceso de verificación, por lo que no se prevé hasta el curso 2014-2015.
El anuncio de estas dos novedades académicas se produjo ayer minutos antes de la entrega de títulos a los 36 alumnos de 16 provincias que se han graduado en el Curso Superior de Estudios Inmobiliarios. El título dura tres años y se desarrolla a través de la plataforma web de la UBU, además de tener una parte presencial. Se trata de un reconocimiento que, junto a la acreditación académica, posibilita colegiarse en cualquier Colegio Oficial de Administradores de Fincas de España.
Apoyo al colegio oficial
Precisamente, el presidente del Consejo General de este órgano profesional, Salvador Díez, avanzó el inicio de una campaña nacional para recabar apoyos de cara al mantenimiento de estos colegios, a raíz del proyecto de ley que prepara el Gobierno y que plantea eliminar la obligatoriedad de pertenecer a los mismos para ejercer. «La Administración de fincas es una actividad titulada que debe continuar siendo colegiada», afirmó, al tiempo que anunció la adhesión de la UBU a esta causa.
Díez también se refirió a la situación actual que vive la profesión. En este sentido, subrayó que este colegio es de los pocos que ha visto incrementado el número de miembros. No obstante, reconoció que puede ser debido a la entrada de profesionales de otros ámbitos que han perdido más actividad por la crisis, entre los que citó a economistas y arquitectos. «Estamos percibiendo en el día a día una competencia, que como en otros sectores, está siendo demasiado feroz a todos los niveles», precisó, aludiendo no solo al ámbito profesional sino también al de los precios que se están dando a la hora de contratar determinados servicios y que «ponen en riesgo la ejecución de los mismos con calidad necesaria».