El caso del cierre de los caminos públicos y la presunta usurpación de los mismos, así como de otras infraestructuras públicas existentes en el interior de la finca de Fuente Humorera S.L. de Rioseco, por el que están imputados desde hace dos años la alcaldesa del Valle de Manzanedo, Carmen Saiz, y el empresario Alfonso Pérez de Andújar, podría seguir creciendo si prosperan las nuevas peticiones de la acusación. La exedil del PP, Margarita Pérez Herrero ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Villarcayo que impute a los otros tres concejales del equipo de gobierno del Valle de Manzanedo, Yolanda Álvarez Misiego, Juan Carlos López Fernández y Moisés López Peña, así como a tres funcionarios, uno de la Consejería de Medio Ambiente, otro del Seprona y al secretario municipal dependiente del Ayuntamiento.
La acusación considera que los ediles han incurrido en un posible delito de prevaricación administrativa por su voto de apoyo al inicio del expediente de desafectación de los caminos públicos de la finca para que pudieran pasar a manos privadas y su posterior permuta a favor del propietario de la finca Fuente Humorera, quien iba a dar a cambio al Consistorio fincas de su propiedad en un valor equivalente. Aquel voto se emitió en un pleno de diciembre de 2012 cuando ya se había iniciado el proceso judicial en curso que imputa una presunta prevaricación a la alcaldesa y un presunto delito de usurpación de bienes públicos al empresario.
La acusación recuerda que, además, el secretario municipal señaló en su declaración que el pleno era conocedor de la resolución del procurador del Común que reclamaba la recuperación de los caminos públicos. Finalmente, el pleno en mayo de 2013 tuvo que anular el expediente de desafectación y permuta porque la Junta de Castilla y León consideró nulo el acuerdo de diciembre de 2012. El pleno decidió, según la acusación, «proceder a la recuperación de la posesión de los bienes incluidos en este expediente», pero «desde esa fecha no se ha realizado por el pleno ninguna actividad».
A ello se añade la petición de imputación para el secretario por ser conocedor de las peticiones del procurador y de las denuncias existentes porque los caminos estaban vallados. La acusación también considera que dos funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente y del Seprona han incurrido en una omisión del deber de perseguir delitos. En el caso del funcionario de Medio Ambiente, la acusación señala que en su declaración ante el juzgado en marzo de 2013, afirmó que «todos los caminos estaban abiertosy que se cumplían los requisitos exigidos en el impacto medioambiental» del cierre cinegético de la finca que obligaba a mantener los pasos abiertos. Sin embargo, técnicos de Medio Ambiente constataron meses después de esta declaración, a petición del Procurador del Común, como solo dos de los nueve accesos estaban abiertos. En tres casos era imposible que estuvieran abiertos, porque la valla carecía de puerta.
Asimismo, la acusación ve el mismo delito en un funcionario del Seprona, al que se le requirió desde el Juzgado una inspección ocular de los caminos y «se limitó a aportar copia de las notas simples registrales y del Catastro, no adjuntando ninguna inspección ocular».
Familiares
En la larga lista de peticiones cursadas por la acusación del caso también tienen cabida la esposa y el hijo del empresario Alfonso Pérez de Andújar que según un Certificado Literal del Registro Mercantil consta que desde marzo de 2002 son administradores solidarios de Fuente Humorera S.L. Por ello, les considera partícipes de los hechos denunciados.