«Atropello contra la población», «atraco», «disparate» o «falta de sensibilidad». Estos fueron algunos de los calificativos que jalonaron la rueda de prensa ofrecida ayer por los concejales socialistas Luis Escribano,Mar Ramírez yEsther Peñalba para denunciar el intento del PPde «colar a los ciudadanos una subida fiscal enorme» en vísperas de las vacaciones de agosto, y de «mercantilizar los servicios sociales en la ciudad para que elAyuntamiento acabe siendo una empresa privada», denunciaron.

«Es la primera vez que se aprovecha la segunda quincena de julio para aprobar las ordenanzas fiscales», apuntóEscribano, para quien habría sido necesario un «debate más sereno» en septiembre, con tiempo suficiente para su posterior aprobación y entrada en vigor. Consciente de que no podrán evitar su aprobación en elPleno del próximo viernes, sí anunció que presentarán una única proposición con la intención de que «el Ayuntamiento exprese el máximo rechazo a las medidas» aprobadas en las últimas semanas por elPP, que además «van en contra de todas sus promesas electorales.Si quieren hacerlo, deberían dimitir antes», opinó.

 Escribano añadió que el IBI no se incrementará un 5,2%, sino un 10,2%, porque a la subida del tipo hay que añadir la del valor catastral; además de recordar que este año se ha elevado casi un 9%.

 Por su parte,Mar Ramírez y Esther Peñalba incidieron en la repercusión de las decisiones del equipo de Lacalle en servicios sociales y el incremento del coste para el ciudadano en dos años (2012 y 13), como la atención domiciliaria, un 35%, las actividades de CEAS y centros cívicos, un 90% de media, los cuidados a la infancia, hasta un 65%; los cursos de Juventud, más del 177%... Asimismo, reclamaron que se mantenga la renta como criterio para diferenciar qué familias numerosas pueden beneficiarse del 75% de reducción del precio de algunas actividades.