La Dirección Provincial de Educación remitió el curso pasado un total de 50 casos graves de absentismo, muchos de ellos de familias con varios hijos, a la Fiscalía de Menores, lo que supone 19 más que el ejercicio lectivo 2016-2017 o un incremento del 61%. Por el contrario, los datos generales revelan que el número alumnos que presentaba problemas de asistencia a clase a 30 de junio bajó un 22,8% hasta los 122, siguiendo así la tendencia experimentada en los últimos 4 años.

No son pocos los pasos que dan las autoridades educativas hasta que deciden enviar el expediente a los tribunales. El primero en intervenir es el centro escolar, que dispone de su propio plan de prevención y control a la hora de adoptar medidas de detección, seguimiento e intervención para tratar de reconducir la situación. La información se remite a la comisiones de control del departamento provincial, integradas por inspectores, profesores y representantes de ayuntamientos, CEAS, cuerpos de seguridad y técnicos judiciales.

Se notifica la situación por carta hasta en dos ocasiones a las familias avisando de su remisión al Ministerio Público e, incluso, se realizan visitas a los domicilios. «Tras aplicar todos los protocolos y no surtir efecto es cuando se envía a la Fiscalía», explican fuentes de la Dirección Provincial de Educación. Se abre entonces un procedimiento civil con el que se sigue intentando reconducir esas conductas y, en caso contrario, se pueden llegar a abrirse diligencias penales por un delito de abandono familias.

La Justicia investiga en estos momentos 70 expedientes de absentismo de los últimos años, de los cuales 55 corresponden a Secundaria y 15 a Primaria. El hecho de que en el pasado ejercicio lectivo se hayan tramitado 50 no significa que todos continúen a finales de curso, ya que siempre suelen reducirse, aunque sí que ha crecido la cifra global respecto al curso anterior (31). Las mismas fuentes subrayan las «dificultades» para comparar un periodo con otro y valorar su aumento. En este punto, precisan que puede estar relacionado con problemas a la hora de «controlar a familias que se van a otra provincia o a su país de forma temporal o definitiva y no avisan de ello». Otros casos son derivados por los Servicios Sociales que localizan a alumnos sin escolarizar y que si no lo hacen se remiten a la Fiscalía.

Se considera absentismo cuando un escolar falta a clase sin justificar más del 20% de las jornadas lectivas. Centros y Dirección Provincial ‘vigilaron’ el curso pasado a 677 alumnos que presentaban esta situación en algún momento, lo que supone 43 más que el año anterior o un incremento del 6,7%. Sin embargo, solo 122 persistían en esa conducta a 30 de junio, registrándose un descenso del 22,8% o 36 menos. En cualquier caso, representan solo el 0,29% del total de la población escolarizada.

Este descenso, según las mismas fuentes, se debe a un mayor control por parte de los centros y una especial implicación de los profesores, que trabajan especialmente esta problemática en el segundo ciclo de Infantil. Las principales causas están relacionadas con la dificultad de los padres para establecer límites; la insuficiente importancia dada a la educación; familias que también han tenido un historial similar; desestructuración; problemas para asumir normas o para avanzar en caso de que un alumno haya tenido un fracaso personal, y el retraso curricular de los estudiantes.