Los arquitectos burgaleses están convencidos de que todavía son posibles cambios a su favor en el borrador de la Ley de Servicios Profesionales y de que no salga adelante «el absurdo» que plantearía el permitir a cualquier ingeniero redactar proyectos de ejecución y dirigir obras que entienden que son de su competencia profesional.

Así lo manifestó ayer el presidente de la Demarcación de Burgos del Colegio de Arquitectos de Castilla y León, Félix Escribano, tras el encuentro que mantuvo  con Juan Carlos Aparicio en la sede del Partido Popular para explicarle la problemática a la que se enfrenta su colectivo.

Escribano, que agradeció la compresión y la ayuda que les ha brindado el diputado popular en este contencioso, apeló a la prudencia y al resultado de las negociaciones que el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España lleva a cabo con los responsables del Ministerio de Economía y Competitividad. «Estamos a la expectativa y no queremos generar una alarma innecesaria, con la esperanza de que las cosas se reconduzcan...».

El representante de los 300 profesionales de este sector en Burgos asegura que permitir que los ingenieros puedan asumir la función de un arquitecto en la construcción de edificios de uso administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural, tal y como contempla el borrador de la Ley, supone una «situación dramática y difícilmente explicable para la Arquitectura», máxime en los momentos por los que están atravesando con la crisis del sector de la construcción.

Reuniones

Puntualiza en este sentido que la titulación de Ingeniería es «muy respetable, pero tiene una formación diferente a la de un arquitecto y preparada para otros cometidos».

Así, de cara a la próxima semana, se prepara una reunión en el ámbito del Colegio de Castilla y León en la que además de los propios arquitectos participarían aparejadores, los docentes de esta carrera en el ámbito universitario y el resto de los estamentos afectados por los cambios normativos planteados.    

Los ingenieros industriales, para los que se abriría un nuevo ámbito de trabajo, aseguran, por su parte, que la reforma propuesta por la Ley de Servicios Profesionales favorecería el consumo y la inversión mediante la competitividad.

De la misma manera, creen que esta eliminación de la ‘reserva de actividades’ corregiría disfunciones de la Ley de la Edificación de 1999, una ley, además de asimétrica, «inapropiada bajo el prisma europeo», ya que, a su entender, atribuye a los arquitectos competencias exclusivas amparándose en el uso que el edificio va a recibir como si esto «fuera relevante a la hora de establecer su complejidad».