Se trata de un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía para atender las necesidades básicas de subsistencia de aquellas personas o familias que no reciben ningún otro tipo de ayuda social pero su acceso es tan complicado que la mayor parte de los demandantes de siguen quedando fuera. El Colegio de Trabajadores Sociales de Burgos pidió hace un par de años al Procurador del Común que intercediera en este asunto y el ombudsman castellano y leonés pidió a la Junta que facilitara los trámites para la obtención de la renta garantizada de ciudadanía. Pero sin resultados hasta ahora.
Los trabajadores sociales, que el año pasaron pusieron en marcha en Burgos un observatorio para denunciar de primera mano cómo los recortes en servicios sociales estaban creando casos de exclusión, consideran que esta situación es una de las que más aparta a las familias del sistema. Uno de sus miembros, José Dixneuf, explicó que se está valorando la posibilidad de realizar un informe y hacérselo llegar a la Gerencia de Servicios Sociales o bien volver a insistir con el Procurador del Común: «No sabemos cuáles son las razones pero en Burgos se niegan más rentas garantizadas de ciudadanía que en el resto de Castilla y León y por eso vamos a estudiarlo».
Este colectivo se muestra inquieto por la próxima aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, a su juicio, va a hacer desaparecer los servicios sociales de proximidad y que uno de los logros del Estado del Bienestar retroceda «unos 30 años»: «En Burgos, al igual que en el resto de España, nos hemos pronunciado totalmente en contra de esta normativa, que, si se aprueba tal y como se ha anunciado, dejará a los ayuntamientos con competencias que no irán más allá de la información o la atención urgente».
Critican que se vaya a terminar con la proximidad de los servicios sociales «rompiendo así con las tendencias europeas que apuestan por la proximidad y, teniendo en cuenta el objetivo de déficit por el que pasan las autonomías, es de suponer que dejar en sus manos las competencias de los servicios sociales supondrá un recorte de las prestaciones que ofrecen, si no su desaparición», se asegura en un manifiesto que hizo público el pasado viernes el Consejo General del Trabajo Social.
En el texto se critica, además, que la reforma desborda el modelo de servicios sociales, «que tanto ha costado construir durante las últimas cuatro décadas y esto supone volver a la caridad». Creen los trabajadores sociales que la concepción economicista del anteproyecto hace regresar a formas asistencialistas y dicen que esto se refleja en la terminología utilizada: «El primer borrador se refería a ‘asistencia social’ y el último, a ‘necesidad y exclusión social’, sin hablar de prevención o la promoción ni referirse a los derechos de ciudadanía».