El expresidente de Caja de Burgos, José María Arribas Moral, tendrá que declarar el 15 de enero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos en calidad de imputado por «delitos societarios» a raíz de la denuncia que presentó Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en junio de 2013.
La formación le denunció por «administración fraudulenta y desleal» cuando era el máximo responsable del Consejo de Administración de la extinta entidad financiera. En este sentido, aseguró que Arribas había realizado un total de 45 operaciones de crédito, aval o garantía por parte de Caja de Burgos a sociedades vinculadas a su persona entre 2005 y 2010 cuyo importe superaba los 34 millones de euros, lo que supuso un 93,86% de las operaciones realizadas por la entidad con miembros del Consejo de Administración, familiares o empresas relacionadas con él. Desde UPyD también señalaron que habría logrado supuestos créditos en condiciones muy ventajosas para él y sus sociedades, entre las que se encuentran Industrias Basati S.A., Tramitación de Residuos S.L. e Industrias del Arlanzón S.A. (Indasa). Tres empresas sobre las que pesa la sospecha haber sido objeto de maquillaje contable, según la formación.
La diputada provincial y concejala Rosario Pérez y el coordinador local de UPyD, Mario Díez, expresaron su satisfacción por esta primera decisión de la jueza ayer, en una comparecencia ante los medios de comunicación. Por el momento, solo ha imputado a Arribas Moral aunque la denuncia se extendía al resto de miembros del consejo de administración. En el documento que se presentó ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia también se insistía en que estos préstamos se firmaron en condiciones que «para nada se corresponden con los precios de mercado, sino que son mucho más ventajosas».
Por último, reflejaron que «no constaba la expresa autorización de la Consejería de Hacienda» a aquellas operaciones, algo que «es preceptivo por tratarse de cantidades que han sido prestadas a empresas vinculadas a un miembro del Consejo de Administración. Todo ello llevó a UPyD a pensar que estos créditos por «su importantísima cuantía, por su alta frecuencia y sus condiciones claramente fuera del mercado y por la falta de garantías se conceden en razón de la persona que resulta directamente beneficiada o indirectamente financiada asumiendo Caja de Burgos un riesgo extraordinario en perjuicio de los intereses generales de la entidad o sus impositores».
Tras investigar el relato de la formación magenta, el Ministerio Público acordó remitir la denuncia al juzgado por considerar que existen «razonables indicios de ilegalidad», según anunciaron Rosario Pérez y Javier Ojer, de Unión,Progreso y Democracia, en diciembre de 2013. El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos, que abrió diligencias previas ese mismo año. La formación se ha personado como acusación popular en ellas.
Labores de otros. UPyD inició hace meses una campaña de denuncias del funcionamiento de entidades financieras como Bankia, Banca Cívica, Caja Segovia, Caja Navarra o Caja de Ávila. «Nos gastamos una parte importante de nuestros fondos en llevar a los tribunales a entidades financieras con el objetivo de luchar contra el fraude que han practicado. Esperamos que la Justicia haga justicia. Estamos satisfechos de que se abran diligencias pero es triste que sea un partido político el que tenga que realizar labores que debieran hacer otras instituciones», añadieron ayer Rosario Pérez y Mario Díez.