Los propietarios de la empresa pirotécnica cuya tirada provocó en las pasadas fiestas un accidente con 24 heridos recurren a viejos argumentos para evitar responsabilidades en el siniestro, pero echan mano de otras explicaciones por si culpar a «artefactos ajenos al espectáculo» no les da resultado. Hace pocas fechas los gerentes de Hermanos Ferrández, Leopoldo y Antonio José, declararon ante el Juzgado de Instrucción 1 de Orihuela, dentro del proceso que dirige el de Instrucción 3 de Burgos. Se reafirmaron en lo que relataron a la Guardia Civil, cuando manifestaron que «la deflagración pudo ser debida a un cuerpo extraño, porque no tienen ningún proyectil que produjera una explosión como la que ocurrió».
Pero la pirotécnica esgrime ahora otro razonamiento que pudiera explicar lo que sucedió la noche del 30 de junio de 2014. Leopoldo Ferrández asegura que previamente al lanzamiento se «había quejado de que en la zona señalada por el Ayuntamiento no debían realizarse los fuegos». ¿Por qué? «No reunía las mejores condiciones», porque el terreno «presentaba muchas irregularidades, no hay buen firme y existen «matas» de hierba «donde no se asienta bien el material». Por ello, utilizaron sacos terreros «para asegurar la zona». Según su declaración, pidieron más sacos de arena a la técnico de Protección Civil, pero les contestó que debían «apañarse con lo que tenían».
En este punto hay que recordar que esta misma empresa ya participó en 2012 en el festival de fuegos y en el Ayuntamiento no consta ninguna queja. La Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 8 del Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería establece que el suelo donde se sitúan los cohetes «deberá tener suficiente consistencia, ser llano y horizontal o permitir una base de soporte con estas características para los dispositivos de lanzamiento». También es verdad que la misma norma señala que «la empresa de expertos propondrá el incremento correspondiente del radio de seguridad, en función de la orografía del lugar». Si bien es la entidad organizadora, el Ayuntamiento, la que determina finalmente el lugar del emplazamiento y la delimitación de las zonas de seguridad.
El otro hermano, Antonio José, abundó aún más en las dificultades que tuvieron para colocar los artefactos. Señaló que la zona fue «apropiada después del trabajo» que hicieron «con los sacos terreros para estabilizar el terreno». «Había mucha hierba y teníamos que ir adecuándola, rompiendo los sacos o haciendo agujeros», afirmó ante el juez. Asimismo, afirmaron que fue el Ayuntamiento el que les indicó dónde debían montar los artefactos en función de su calibre.