El Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres comenzará mañana a gestionar de forma directa la residencia municipal de mayores cuya gestión adjudicó en 2011 a la empresa Lumigecar S.L. por un periodo de veinte años. El Consistorio ya comunicó la pasada primavera a esta firma la decisión municipal de anular el contrato con el aval de un informe favorable del Consejo Consultivo de Castilla y León. La empresa recurrió ante los tribunales y solicitó al juez que como medida cautelar dejara en sus manos la gestión mientras se resolvía el pleito, pero la Justicia rechazó esta petición y ello ha llevado a la firma a tener que abandonar la residencia.

Además de ello, ambas partes han alcanzado un acuerdo en base al que Lumigecar no tendrá que abonar el canon de explotación correspondiente a 2014, que se acerca a los 15.000 euros, y se ha comprometido a retirar el contencioso-administrativo presentado ante los tribunales de Justicia. El Ayuntamiento no tendrá que desembolsar ninguna indemnización a la empresa, como ésta solicitó en las primeras negociaciones en compensación por la anulación prematura del contrato.

La motivación legal esgrimida por el Ayuntamiento de Valdeporres para rescatar la concesión de la residencia fue la inexistencia de un médico en la plantilla del geriátrico, tal y como exige la normativa. Sobre la base de que este hecho significaba un incumplimiento del contrato, el Ayuntamiento inició el proceso a principios de año, acudiendo primero al Consejo Consultivo de Castilla y León.

La empresa siempre argumentó ante el Consistorio que, aunque lo había intentado, no conseguía que ningún médico respondiese a su oferta de empleo. No obstante, el alcalde de la Merindad de Valdeporres, Belisario Peña, insistió ayer en que «el Ayuntamiento ha recuperado la residencia después de tres años en manos de Lumigecar, porque la empresa no cumplía los objetivos para los que se creó el geriátrico» en el que se invirtieron más de 2 millones de euros.

En el centro de mayores de Pedrosa de Valdeporres trabajan 15 personas, nueve de ellas con contratos a jornada completa, que atienden a treinta residentes. El Ayuntamiento asumirá esta plantilla, dado que la ley obliga a la subrogación de los contratos, lo que no evita que entre los trabajadores haya cierta incertidumbre sobre su futuro.

La intención municipal es elevar los estándares de calidad del centro y realizar una campaña de promoción para ganar nuevos residentes para llegar a un mínimo de cuarenta, «una cifra que haría rentable el geriátrico», a juicio de Peña. El alcalde destaca que «el Ayuntamiento no tiene ánimo de lucro y esa es otra de las ventajas con las que jugará». No obstante, el Consistorio está tramitando la creación de una fundación de carácter municipal, que presidirá el alcalde, y que será la que en el futuro próximo tome las riendas del centro.