Joaquín González-Herrero González, fiscal jefe de la Unidad del Consejo Judicial y Legal de la Oficina de Lucha Antifraude de la UE,  advirtió ayer en Burgos que la «construcción europea requiere de un Derecho Penal común». Este segoviano doctor en Derecho acudió ayer a Burgos para dar una conferencia en la Facultad de Económicas, organizada por la Cátedra de Estudios Fundación Villalar-Castilla y León Universidad de Burgos.

Habló de las diferencias entre el sistema penal sajón y el del resto de Europa. Llama la atención -advirtió en este sentido- «que el sistema penal haya cristalizado  de manera bipolar en Europa con arreglo a dos tradiciones muy diferentes». «Hay una criminalidad única pero dos maneras de abordarla», resumió. En todo caso, explicó que se está trabajando en un proceso de «convergencia para, del mismo modo que se han arrumbado las fronteras arancelarias,  desaparezcan las diferencias entre los modelos de resolver los problemas jurídico penales».

Aseguró que no solo se está trabajando en el plano teórico, «sino también en el legislativo». Reconoce que antes las decisiones que se tomaban eran «marco», mientras que ahora los reglamentos y directivas se aplican  tanto en el Reino Unido e Irlanda como en los países del sistema continental. La Unión Europea, abundó, ha apostado por «una vía de acercamiento de dos modelos diferenciados hasta ahora».

Asimismo, explicó que la UE dispone ya de una carta de derechos fundamentales, que «es la base del Derecho Penal negativo, sin la cual no se puede hablar de un derecho penal democrático». Y subrayó que también está en funcionamiento «un sistema de cooperación reforzado que es aplicable en Reino Unido e Irlanda y los países continentales».

El Tratado de Lisboa, expuso, «abre las puertas a una serie de posibilidades, como una Eurojur (Oficina de Cooperación Europea) reforzada, o el establecimiento de  una Fiscalía en el ámbito de la Unión».