El juez Pablo Ruz relata en el auto de fin de instrucción del caso Gürtel, que se hizo público ayer, los inicios de la trama liderada por Francisco Correa, que comenzó como botones en un hotel en la plaza Callao de Madrid y acabó siendo el cabecilla de la presunta red corrupta vinculada a cargos del PP. En esta primera fase del proceso, el magistrado imputa a 43 personas por 11 delitos distintos.

El togado sostiene que el líder de la organización fraudulenta operó desde el inicio de su actividad laboral en los años 90 «con el objetivo de diseñar una estructura empresarial opaca» que vertebró en torno a la desvinculación de su persona «y a la obtención de favores derivados de las relaciones personales entabladas con responsables políticos» a través de los que conseguía contratos públicos. De hecho, Ruz explica que la trama contó con la participación, entre otros, de tres extesoreros del PP Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís; los exalcaldes populares de las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepùlveda; el exsenador conservador Jesús Merino; el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote; el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, así como funcionarios y empresarios.

El grupo, según narra el documento jurídico, contaba con una evidente jerarquía y una estrategia coordinada, en cuyo centro el juez coloca a Correa y al exdirigente del PP de Galicia Pablo Crespo. «Existe una actuación concertada para la captación de negocio mediante la obtención de la adjudicación de contratos públicos eludiendo los principios que la rigen», indica el magistrado.

De esta manera, relata cómo Francisco Correa, que comenzó su actividad con 14 años como botones, terminó siendo el máximo responsable de la organización: «Aparece como el jefe, actuando bajo sus órdenes Crespo, que es el encargado de ejecutar sus directrices». En este sentido, el juez se remonta a los años 90, cuando el empresario comienza a desplegar su actividad laboral a través de sociedades con personas de su máxima confianza que actuaban de administradores y le gestionaban el patrimonio para ocultar la titularidad real de sus bienes.

 La red de Correa se fue especializando, a través de las empresas Pasadena Viajes y Special Events, en organizar eventos y campañas electorales del PP, al tiempo que aprovechaba sus contactos con personas con responsabilidades en la formación para conseguir adjudicaciones públicas.

 Paralelamente a la estructura societaria en España, los imputados tejieron otra en el exterior para ocultar el patrimonio que iban amasando con sus actividades ilícitas, ocultando a la Hacienda Pública el origen del mismo.

Los hechos que el juez atribuye a 43 personas se tipifican provisionalmente en 11 delitos entre los que se encuentran prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública, entre otros.

Indicios sin constatar. Por otro lado, Ruz archivó la causa que mantenía abierta contra el exsecretario general del PP Ángel Acebes, al considerar que no están «suficientemente constatados» los indicios que existían para sostener que autorizó al extesorero popular Luis Bárcenas a comprar acciones de Libertad Digital con 149.600 euros procedentes de la supuesta caja b de la formación.

El magistrado, no obstante, mantiene la imputación del exministro de Interior y Justicia por un delito de apropiación indebida por omisión en la pieza separada en la que se investiga la supuesta contabilidad opaca de Génova.