España ha decidido que la base militar de Morón de la Frontera (Sevilla) pertenezca de forma permanente al Ejército de Estados Unidos, que podrá desplegar allí de manera fija una fuerza de hasta 2.200 militares y 500 civiles con el apoyo de 26 aeronaves, lo que supone «un incremento con respecto a los niveles anteriores». Efectivos que en «niveles temporales» podrán venir acompañados de una fuerza de 800 militares y 14 aeronaves adicionales.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó ayer de este acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque se apresuró a aclarar que «la soberanía nacional queda garantizada por la vigencia del artículo 2 del convenio que exige autorización del Ejecutivo español para todas las operaciones unilaterales de EEUU», ya que el objetivo es «contribuir a la estabilidad regional y a la seguridad común en África, Europa y Oriente Próximo» para poder desarrollar una «respuesta de crisis» que pueda atentar contra los ciudadanos o las instalaciones de EEUU, España o de otros Estados de la OTAN.
El acuerdo será rubricado por el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, que tiene previsto llegar a España mañana y reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el lunes en La Moncloa, quien hizo especial hincapié en el impacto en materia de inversiones de este acuerdo, de manera que se recoge la intención del Gobierno americano de invertir 29 millones de dólares en obras de infraestructuras en la base «con el empleo adicional que esto supone», recalcó Sáenz de Santamaría.
El Consejo de Ministros analizó, además, el informe que la responsable de Empleo, Fátima Báñez, presentó con el resultado de las distintas medidas para el impulso del empleo y el emprendimiento que se han venido desarrollando a lo largo de la legislatura en la que, según afirmó, en España ya «se crea empleo» y registra un crecimiento que encabeza el conjunto de los países de la Unión Europea. Con todo, la ministra evitó triunfalismos y sostuvo que «nos queda mucho camino por recorrer», aunque volvió a ensalzar los efectos de la Reforma Laboral, que insistió en que «es constitucional y funciona», además de que presumió de ser «muy alabada por los países de la OCDE».
«El objetivo para el Gobierno es seguir creando empleo» incidió Báñez, por lo que se dio un paso más para apuntalar la reforma que definió como la «gran revolución», y es la autorización para la celebración de un contrato por 41,7 millones de euros del Servicio Público de Empleo (SEPE) con las agencias de colocación. Un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas que, en conjunto, supondrá un presupuesto para 2015 de 120 millones con el que se podrán beneficiar a 170.000 personas en el conjunto de todo el programa entre 2015 y 2016.
Sáenz de Santamaría informó, además, de la autorización para publicar la lista de contribuyentes con deudas pendientes de ingreso superiores a un millón de euros. Una medida destinada la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública» señaló, aunque matizó que será aplicable únicamente a aquellos casos que presenten una sentencia firme «que sea jurídicamente inatacables», y solo se publicará de forma «parcial», de manera que se respetarán los derechos fundamentales del honor y la protección de datos de carácter personal