El proceso de ordenación territorial en el ámbito rural afronta su último paso: la consulta formal a los propios municipios, antes de comenzar el proceso legislativo para aprobar las unidades básicas de ordenación (Ubost). Desde que se publiquen los mapas en el Boletín Oficial de la Junta (Bocyl) el próximo día 12, los ayuntamientos tendrán un mes para aportar, nuevamente, sus opiniones sobre las áreas en las que quedan adscritos.
El nuevo texto legal que se tramite incorporará cuestiones que suponen una flexibilización sobre la propuesta inicial fruto de las «múltiples reuniones y encuentros» mantenidos durante los últimos años para recoger los inquietudes y necesidades de los propios municipios, como recordó ayer el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
Uno de esos aspectos será la garantía de que las mancomunidades que están operativas en estos momentos «y que funcionen bien», podrán convivir con las nuevas, denominadas ‘de interés general’, con derecho a acceso a financiación en las mismas condiciones. De Santiago-Juárez recordó que en ningún momento se habló de su desaparición. «Nunca se ha dicho y menos las que funcionan», insistió. Pero el nuevo texto lo dejará aún más claro.
Respecto a los criterios para la continuidad de las mancomunidades clásicas, el consejero de la Presidencia, apuntó a modo de ejemplo algunas cuestiones que se pueden tener en cuenta como que rindan cuentas, que cumplan la ley de estabilidad, que hayan tenido actividad... De las 239 que existen en la actualidad prefirió no dar un número de las que podrían quedar aunque aseguró que su departamento dispone de informes suficientes para reconocer las operativas de las que no lo son.
Otra de las cuestiones que quedarán «meridianamente claras» en el articulado legislativo que se tramite en las Cortes será que se garantizarán el mantenimiento de los actuales servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León en el medio rural. Esto es, escuelas con cuatro niños, los consultorios locales o los CEAS.
Respecto a la cartera básica de competencias de las mancomunidades de interés general, esto es los servicios que prestarán a los municipios que voluntariamente se sumen a ellas dentro de cada unidad básica de ordenación (Ubost), la normativa también será flexible, aclaró el consejero de la Presidencia, aunque seguirá siendo homogénea y estará definido antes de que se tramite el proyecto de ley.
También, se recogerá la idea del Consejo Comarcal del Bierzo de ser más flexibles para que se produzca la delegación de competencias de los ayuntamientos a la entidad supraminucipal, ya que después de 25 años de funcionamiento de la única comarca que hay por ley en Castilla y León ese extremo no se ha producido.
De Santiago-Juárez reconoció que se trabaja de manera discreta con el PSOE y se mostró optimista en que se llegue a un acuerdo para la aprobación de la ley en las Cortes con el voto de los socialistas. Además, se decantó por hablar con todos los grupos, conforme al acuerdo del 22 de julio entre Junta y partidos para avanzar en el desarrollo del modelo, si bien afirmó que «quien mejor entiende el proceso» es el PSOE, al dar su apoyo a la ley y a los mapas urbanos.
Tras la audiencia a las diputaciones provinciales, el mapa se queda en 177 unidades rurales, sobre las 176 iniciales, cuando se presentaron el pasado mes de septiembre, que pasaron a 178 en el trámite de información pública entre septiembre y enero. La Ubost suprimida corresponde a Segovia, al aceptar una alegación de la corporación provincial segoviana para dar solución al problema planteado por Otero de los Herreros, Ortigosa del Monte, la Losa y Navas de Riofrío.
Diputaciones. En el trámite de las diputaciones provinciales se presentaron 21 alegaciones, cinco en relación al cambio de nombre de la Ubost, que fueron aceptadas, nueve a cambios de municipios y una a un cambio de un núcleo de población. Los cambios parciales planteados afectan al 9 por ciento sobre las 178, mientras que el 91 por ciento cuentan con el aval de las corporaciones de las nueve provincias. De esa manera, Presidencia ha aceptado 12 supuestos, que implica a 15 unidades.
Tras el mes a consulta por los ayuntamientos, Presidencia solicitará informe al Consejo de Cooperación Local y, después del estudio de las alegaciones presentadas, se aprobará la propuesta del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que se remitirá a las Cortes.