Comisiones Obreras presentó ayer sus propuestas tras conocer esta semana la Encuesta de Condiciones de Vida, con datos de 2013, donde la Comunidad aumenta considerablemente entre su población los índices pobreza y exclusión social. En este sentido, abogó por ampliar la cobertura de renta mínima garantizada a todas las familias y personas a título individual cuyos ingresos estén por debajo del umbral mínimo que debiera corresponderle; la creación de una garantía mínima de derecho de vivienda que permita disponer de una casa digna a las familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. A ello se suma la petición para incluir en el Estatuto Autonómico una red de protección frente al empobrecimiento de la población «para que sea considerada más que una mera protección asistencial».
Según señaló ayer la secretaria de Políticas Sociales de Comisiones Obreras, Bernarda García en declaraciones recogidas por Ical, hay que lograr que con el inicio de la legislatura, las fuerzas políticas que tengan responsabilidad de gobierno puedan «consensuar» medidas que propicien un «riguroso cumplimiento» de la normativa de ayudas de emergencia y de difusión de las mismas. «Tiene que tratarse de un sistema ágil y potente que no esté sujeto a diferentes criterios interpretativos que introducen discriminación entre personas de la Comunidad», sostuvo.
«Han saltado todas las alarmas con los últimos datos», explicó, al tiempo que recordó que al finalizar 2013 en valores absolutos había en Castilla y León un total de 651.375 personas con ingresos por debajo del mínimo fijado en 7.061 euros, lo que supone un aumento de 127.521 respecto al año anterior.
Además, reclamó la reversión de la reforma laboral y la derogación de medidas que han facilitado el empleo parcial y la temporalidad, ya que «el trabajo de calidad ha de ser el objetivo de Comunidad para tratar de alcanzar una sociedad más justa y menos desigual».
También se debe combatir la pobreza y la propia desigualdad, añadió CCOO, mediante el reforzamiento de los servicios públicos «como garantía de que toda la ciudadanía pueda acceder en igualdad de condiciones a la sanidad, educación y los servicios sociales».