Tal y como se preveía después de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el martes, el pleno de la Corporación arandina dio en la sesión extraordinaria celebrada ayer por la mañana el visto bueno con el voto favorable de sus 21 integrantes al inicio del expediente de revisión de actos administrativos con el que se pretende evitar el pago de más de cuatro millones de euros ordenado por los tribunales por la ocupación en 2005 de unos terrenos propiedad de la constructora Proincove en la margen derecha del río Arandilla dentro del proyecto de recuperación de las riberas urbanas. «Esta propuesta pretende salvaguardar los intereses de los arandinos, subsanar una situación errónea que se basa en una valoración que no pasó por junta de gobierno alguna ni por pleno», motivó el responsable de Hacienda, Ángel Calvo.
Este posicionamiento unánime no logró, sin embargo, ocultar que el denominado ya como Caso Proincove se ha convertido en un arma arrojadiza entre los dos principales grupos municipales, PP y PSOE, que no dudan en lanzarse acusaciones, enumerando las actuaciones acometidas por el contrario que, a su juicio, han llevado a esta difícil situación. En esta ocasión le tocó el papel de lanzador a los socialistas, cuyo portavoz, Luis Briones, puso sobre la mesa la supuesta pasividad del actual equipo de gobierno en las actuaciones llevadas a cabo desde la llegada del caso a la vía judicial en julio de 2011, a la que recurrió el propietario para exigir el pago cautelar de los 4,017 millones de euros en que la Comisión Territorial de Valoración tasó sus terrenos.
Además de reprocharles que no se pidiera un informe complementario, que ahora sí se ha solicitado, cuando se presentó el recurso contencioso administrativo solicitando las medidas cautelares, se mostró especialmente crítico con que el Ayuntamiento no se hubiera aprovechado el trámite de audiencia que les dió el juez cuando se solicitaron las citadas medidas. Un comportamiento que provocó su aprobación por parte del juez y que, si bien se intentó recurrir posteriormente alegando indefensión por no haberse dado trámite de audiencia como codemandado al Ayuntamiento, el tribunal lo rechazó argumentando que se le convocó en tiempo y forma. «En un acto de temeridad o de negligencia, el Ayuntamiento no contesta a la solicitud de medidas cautelares y por lo tanto, no se oponen a las mismas. Y eso es de una gravedad extrema y de una falta de rigor y de responsabilidad que hace la exigencia inmediata de responsabilidades», señaló Briones, quien pidió la dimisión de la alcaldesa, Raquel González, tanto por este hecho como, a su juicio, por habérselo ocultado al resto de grupos municipales.
UN INTENTO DE DESPISTE
Este planteamiento fue contestado directamente por la alcaldesa, quien acusó al portavoz socialista de «intentar despistar la atención del asunto hacia las medidas cautelares». sin tener en cuenta que estas llegaron cuando había ya un procedimiento firme, que es la tasación de 4,017 millones de euros realizada por la Comisión Territorial de Valoración cuya primera resolución en ese sentido llegó en diciembre de 2010, cuando era alcalde Luis Briones, «que debiera haber sido la que se recurriera».
En el segundo turno de palabra el clima se relajó y mientras el concejal de Hacienda insistió en los argumentos por los que se podría iniciar el expediente de revisión de actos administrativos, desde la inexistencia de hojas de aprecio en determinados momentos, hasta la realización de una valoración lesiva para el interés público, en clara oposición con la realizada hace unos días por la jefa del Servicio de Urbanismo, que sitúa el justiprecio muy por debajo de la tasación de la CTV, el socialista incidió en el apoyo de su grupo a la propuesta realizada, a su apuesta por llegar a un buen incidente de ejecución de la sentencia y en pedir que se fundamente y amplíe el último informe técnico con la nueva valoración de los terrenos.
Al margen de este debate se mantuvieron el resto de grupos municipales. Mientras CCD ni tomó parte en el debate, y por los castellanistas Elia Salinero, únicamente incidió en que no era el momento de buscar responsables, desde Izquierda Unida se mostró su pleno apoyo a cualquier resquicio legal que se plantee para intentar buscar una salida menos onerosa para el Ayuntamiento a esta situación. Sin embargo, sí qué advirtió su portavoz, Máximo Pastor, su negativa a que se empleen bienes inmuebles municipales en una hipotética dación en pago e insistió en que se depuren todas las responsabilidades políticas y técnicas que pudieran derivarse de este expediente. Por su parte, el edil de UPyD, Javier Ávila, aunque inicialmente anunció que se abstendría al no estar conforme con la parte de la moción en la que se plantea una posible forma de pago, finalmente cambió su voto y lo apoyó.