Nació en Palencia en el año 1960. Está casada y tiene dos hijos. Estudió Derecho en la Universidad de Valladolid y en 1986 accedió a la carrera fiscal. Comenzó su andadura en Pontevedra, donde solo permaneció unos meses. Después recaló en Burgos. Desde 2005 es especialista en medio ambiente e incendios forestales y desde 2008, teniente fiscal. En el pasado mes de marzo de este mismo año se convirtió en fiscal delegada de medio ambiente y urbanismo de Castilla y León

¿Qué es lo que ha llevado al Ministerio Público a crear esta Fiscalía especial para toda la Comunidad autónoma?
La iniciativa surgió de la fiscal superior de Castilla y León, pues consideró que la materia de Medio Ambiente y Urbanismo -también incendios- es compleja y requería una unidad de criterio entre los fiscales delegados de las 9 provincias. Yo creo que también por el buen funcionamiento de otras delegaciones anteriores.

¿Como el caso de la violencia de género?
Por ejemplo. Su delegada lleva más de un año y ha obtenido buenos resultados en cuanto a unidad de actuación y coordinación, que es de lo que se trata. Los incendios es una materia que ocupa y preocupa y la unidad de criterio es una de las razones que llevó a proponer un fiscal delegado en la región.

¿En qué consiste su misión en este nuevo cargo?
Es una labor de coordinación entre los delegados de medio ambiente de las Fiscalías Provinciales. Yo soy también fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo en Burgos.  El Estatuto del Ministerio Público  indica que los ciudadanos han de tener igual respuesta jurídica ante unos hechos, ya sea en Burgos, León o Valladolid. Así, la misión pasa por coordinar las actuaciones, teniendo claro que cada fiscal delegado es autónomo en su territorio. Nadie, salvo su fiscal jefe, o por circulares de la Fiscalía General, puede indicarle cómo debe actuar. También ejerzo de enlace entre los fiscales delegados, la Fiscalía Superior y la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente de Madrid. Hay que entender, eso sí, que no es una jerarquía.  No soy su superior jerárquico. Se trata de poner en común problemas, plantear soluciones. Hay otra función, la de coordinar acciones con las autoridades administrativas. La nueva figura también se encarga de la elaboración de la memoria de medio ambiente, el mantenimiento de relaciones con la Administración autonómica o impulsar la celebración de cursos.

¿Resulta sencilla la coordinación entre la Fiscalía y el resto de Administraciones en materia medioambiental?
En líneas generales, sí. Llevamos solo desde marzo. Pero como delegada de medio ambiente de Burgos y por lo que me han comentado otros compañeros, las relaciones son buenas y fáciles, sobre todo cuando hay interés por todas las partes. La relación con la Delegación de Medio Ambiente de la Junta siempre ha sido muy buena y fluida. En otras provincias me aseguran que la colaboración también es positiva  y atienden todas las peticiones sobre diligencias de investigación y procedimientos penales ya judicializados. Y la Administración Local, también, en la medida que interviene en materia de medio ambiente y urbanismo y, sobre todo, en el caso del maltrato animal o patrimonio histórico, que por otra parte es la materia que más me gusta. Son pocos los casos, pero me parece que en ocasiones no se le presta toda la atención que se debería, aunque la Guardia Civil siempre está atenta, como el caso de la operación Muserola (4 detenidos por expoliar piezas de la Edad del Hierro en Alfoz de Lara).

¿Cómo puede mejorar la investigación y la prevención de incendios con esa labor de cooperación?
Los incendios es una materia que ocupa y preocupa a los fiscales de medio ambiente desde hace años. La labor del fiscal empieza cuando se ha producido el siniestro y hay una investigación para descubrir al autor y para dictar o no escrito de calificación. Pero también nos preocupa la labor preventiva. Así, realizamos desde 2006 una campaña de prevención que se inicia con un oficio del fiscal de sala de medio ambiente dirigido a todos delegados de España, en el que se nos anima  a tomar medidas preventivas junto con la Administración. Alertamos de esas situaciones que pueden suponer un riesgo de producción de incendio en actividades próximas a masa forestal, como el uso de barbacoas, espacios recreativos, cámpings, campamentos infantiles, depósitos ilegales, escombreras o almacenes de neumáticos. El fiscal delegado se dirige a la Administración y estamentos policiales para requerir que actúen, por ejemplo clausurando vertederos o controlando actividades que puedan dar lugar a incendios. De todas formas la labor de prevención le corresponde a la Administración. A la Junta le preocupa y desarrolla actuaciones preventivas y represivas, como la retirada de ayudas de la PAC a aquellos agricultores que queman rastrojos u otro tipo de vegetación o en los acotados de caza que pretenden obtener ventajas con el uso del fuego. Si algunas de estas conductas pueden ser constitutivas de delito, informan al fiscal y éste abre diligencias. La Administración ha tomado conciencia de que hay que controlar las situaciones de riesgo y se han clausurado en estos años muchos vertederos, por ejemplo.

¿Cuál es la principal dificultad con la que se topan para dictar condenas, en comparación con otra tipología de delitos en la que quizá es más sencillo dar con el culpable?
El principal problema es el de la autoría. La mayoría de incendios son por negligencias y la mayor parte de las sentencias condenatorias también lo son por imprudencias graves. En estos casos identificar al autor es menos complejo. Se trata de personas que en verano -con alertas de 30 grados, viento, etc- acuden a su finca, pasan el tractor o el arado y provocan un incendio. O alguien que prende los restos de una poda y causa un siniestro. En el caso de los intencionados, es mucho más difícil. Y es el principal hándicap para llevar adelante la acusación y para condenar. En estos casos la autoría se determina de forma indiciaria porque testigos suele haber pocos. La prueba indiciaria -también en otros delitos- es más dificultosa para probar un hecho, pero el Seprona, que  es el que investiga, argumenta bien y se sacan casos adelante. Las Brigadas de Investigación de la Junta, con la Guardia Civil, elaboran buenos informes técnicos sobre si el incendio es negligente o intencionado. Esto es más fácil que establecer el autor.

¿Cree que la Administración dispone de medios suficientes para identificar y poner en manos de la Justicia a las personas que provocan incendios?
No sé si son suficientes. Para establecer las causas del incendio, creo que sí existen medios, porque es una cuestión más de formación técnica, al margen de los instrumentos  materiales que utilicen. En cuanto a la autoría si pregunto a los del Seprona quizá me digan que no tiene suficientes recursos. Lo que sí utilizan es más medios tecnológicos -posición de teléfonos móviles de sospechosos, etc- aunque quizá lo fundamental es la colaboración ciudadana. No sé si son suficientes.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con los límites impuestos al tiempo de vida de una causa, ¿condiciona en algo su trabajo? ¿O con pedir la prórroga por causa compleja se soluciona toda dificultad?
En el caso de los procedimientos medioambientales, urbanísticos y de incendios es prácticamente imposible cumplir con el plazo de instrucción de 6 meses. La inmensa mayoría de asuntos requieren informes periciales que son complicados de elaborar, pues requieren análisis de muestras, captación de partículas, etc, y después llevar a cabo la interpretación. Es muy improbable que todo ello se lleve a cabo en menos de medio año. Y lo mismo en el caso del urbanismo, en el que hay que revisar un volumen ingente de documentación, que ha de ser remitida por ayuntamientos, hay que tomar declaración a investigados, etc. Lo cual aboca a que un alto porcentaje de asuntos tengan que ser declarados complejos para llevar a cabo la instrucción con garantías. A todas las partes les interesa que la investigación esté clara. Cerrar antes la instrucción de un caso para respetar un plazo de instrucción, sin hacer todas las pruebas pertinentes, resulta absurdo. A nadie le interesa tener un asunto en instrucción 8 años, pero sí el tiempo necesario para que se practiquen las pruebas a fin de que el fiscal ejerza una acusación con fundamentos -no alegremente-.  

¿Se sienten presionados por esos plazos?
No. Valoro en cada caso concreto, y el juzgado también, la complejidad del asunto y si se va a poder o no terminar o no la instrucción en plazo. Si no es así, se solicita la prórroga.

Buena parte de los incendios que se producen en la Comunidad son producto de negligencias, según ha señalado. ¿A los agricultores y ganaderos les falta información o simplemente se saltan las normas a la torera?
La información nunca es suficiente. Sí que hay una labor de información de la Junta. Hay usos y costumbres tan arraigadas en determinados territorios de Burgos en el uso del fuego que son difíciles de desterrar. Por ejemplo, al norte el fuego se utiliza para generar pastos, de toda la vida. Yal sur, una zona pinares en la que muchas poblaciones viven de la madera, hay muchos menos incendios. En cuanto a la quema de rastrojos y vegetación, todo el mundo sabe los riesgos. Los medios hacen difusión de las distintas campañas, cada año más. Pero hay gente que piensa que no va a pasar nada, porque lo hace desde siempre, y no adoptan las medidas necesarias de prevención.    Los agentes medioambientales están en contacto con agricultores y ganaderos, a los que informan constantemente de las prohibiciones. Pero son usos arraigados difíciles de erradicar.

El pasado verano no ha habido grandes incendios. ¿Se aventura con una causa?
No ha habido grandes incendios, es la verdad. El clima tiene su influencia directa. Fue una primavera muy lluviosa, con lo cual el terreno y la vegetación ha conservado la humedad hasta bien entrado el verano, en el que por otro lado ha habido muchas tormentas. Quizás los agricultores y ganaderos están cada vez más concienciados. Hay una mayor sensibilización con la conservación del medio ambiente que hace años. Quizá sea una idealista.

Con la crisis de la construcción, los delitos de corrupción urbanística descendieron. Con la recuperación del sector, ¿han detectado un aumento de denuncias en este aspecto?
De momento las denuncias no repuntan, que a mí me conste. Y es verdad que con la crisis de la construcción los asuntos bajaron mucho. No he percibido repunte.

¿Cree que es porque concejales y empresarios han aprendido la lección o porque el volumen de construcción no alcanza el de antaño?
Puede haber un buen volumen de obras y no haber causas penales. Creo que todo el mundo, todo profesional, ha de saber cómo ha de actuar en cada momento.

¿Cree que antes había una sensación de impunidad que ahora no  hay por los múltiples casos de políticos que han ido a la cárcel?
Supongo que todo influye a la hora de que haya menos procedimientos penales relacionados con el urbanismo. De todas formas, Burgos no es la Comunidad Valenciana.

¿Dispone la Fiscalía de los medios suficientes para combatir la corrupción urbanística?
Sería necesario disponer de peritos independientes -incluso adscritos al juzgado o a la Fiscalía provincial-  para apoyar nuestra labor en asuntos urbanísticos y medioambientales. Agilizaría la instrucción y la tramitación de las causas. No es fácil buscar y encontrar peritos independientes.

Con la crisis económica, ¿ha percibido la Fiscalía -quizá por la llegada de más denuncias- que las empresas han relajado sus controles medioambientales, de emisiones a la atmósfera, de vertidos, etc?
Yo creo que no. No hay más denuncias. Generalizar es arriesgado, pero hay empresas -quizá porque antes no lo habían hecho- que han adoptado medidas de prevención. Hay empresas de pequeño tamaño, como un taller de reparación, que disponen de algunas medidas de protección, pero quizá no tanto, por ejemplo, con la contaminación del suelo. Pero no creo que en la crisis se hayan relajado los controles.