La situación de inferioridad de un animal ante un cazador es más que obvia. Sin embargo, la Ley impone ciertas restricciones a los amantes de la cinegética a la hora de abatir animales. Una de ellas es que no se puede disparar desde un coche. Pues bien, todavía hay ciudadanos que se saltan la norma a la torera. Todo por presumir de un trofeo que a la postre no han logrado en buena lid.
Agentes medioambientales y celadores del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castilla y León sorprendieron el pasado fin de semana a dos personas mientras cazaban un corzo macho subidos en su vehículo.
El personal de la Junta se encontraba realizando un operativo especial en la comarca de Odra. Al amanecer detectaron un todoterreno que circulaba a poca velocidad y con las ventanillas traseras bajadas por el coto de Villaquirán de la Puebla. Los agentes se percataron de que sonaba un disparo pero no observaron que nadie se apeara del automóvil. A los pocos segundos alguien se bajó, pero para ir hasta el animal y cargarlo en la parte trasera.
Inmediatamente los funcionarios establecieron un control para dar alcance al coche, que se alejaba del lugar. Por fortuna, lograron interceptarlo pronto y constataron que seguían disparando. Revisaron el arma y vieron que estaba cargada con tres balas, además de disponer de mira telescópica de gran alcance. Para más inri, el coche circulaba por un camino que la Ley de Caza considera como zona de seguridad.
Una vez requerida la documentación a los furtivos les informaron de todos los preceptos legales que habían infringido, tales como cazar desde el interior de un vehículo y en una zona de seguridad; no precintar el corzo abatido; no contar con el seguro de caza, y no corresponder el precinto de que disponían a la pieza cazada (era para una hembra y no para un macho).
Todas estas infracciones están tipificadas como graves en la Ley de Caza de Castilla y León y son susceptibles de sanciones superiores a 3.000 euros, además de la consiguiente inhabilitación para cazar de uno a tres años y una indemnización de 6.000 euros correspondiente al valor de la pieza abatida, que fue decomisada, señala la Junta.