El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obligará a las Administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y hasta entonces estarán obligadas a ir reduciendo los actuales niveles de deuda para poder alcanzar dicha meta.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, que aprobó ayer dicho anteproyecto y su remisión al Consejo de Estado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que todas las regiones deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.

 Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron el pasado verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.

 Ahora, dicho descubierto solo podrá registrarse en caso de que los Gobiernos regionales estén llevando a cabo reformas ordenadas con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones realmente excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

 Para conseguir estos objetivos, la propuesta recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de débito se moderará anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.

En la misma línea, la deuda estructural del conjunto de las Administraciones se deberá rebajar  un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

 

TECHOS DE GASTO. Además, todas las regiones deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya ratifica la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, que no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.

 El anteproyecto contempla la prioridad de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro desembolso, como establece la Constitución.

 El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Dicho proyecto deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitan retornar a los límites.

 En caso de desobediencia, la Administración que no haga los deberes deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la región en cuestión.

 En este punto, Montoro indicó que la visita no será «amable», ya que se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos. «Se trata de trabajar en paralelo, ver los deberes y hacer los ajustes necesarios», añadió.

Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada Administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la comunicación a suministrar para mejorar la coordinación económica-financiera de las regiones.

 

POTENCIA RENOVABLE. Por otro lado, el Ejecutivo dio luz verde a un real decreto ley en materia energética que recoge un parón a la instalación de nueva potencia renovable con prima. 

El titular de Industria, José Manuel Soria, aseguró que la medida se aplicará con carácter temporal, y explicó que en 2012 está previsto que las primas al régimen especial asciendan a 7.220 millones, de los que el 70% corresponde a las mencionadas energías.