La obsesión por la seguridad vence al gasto que hay que afrontar para tener un ojo permanentemente alerta sobre la vivienda, la empresa o el edificio público de turno. Desde hace años hay cámaras controlando el tráfico o los edificios de la administración, pero el gran cambio de los últimos tiempos viene de la mano del sector privado: ya no es extraño encontrar en un pequeño comercio o una nave industrial varios puntos de observación.

El número de cámaras legalizadas en la provincia de Burgos ha crecido nada menos que un 66,7 por ciento en los dos últimos años, pues entre junio de 2011 y junio de 2013 el número de ficheros inscritos en la Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha pasado de 713 a 1.189 según la estadística proporcionada por este organismo.

Un fichero no equivale a una cámara. Puede tener varias bajo su amparo. Pero el incremento de inscripciones en la Agencia revela el crecimiento de este tipo de dispositivos, que cada vez se instalan más y que, en paralelo, cada vez cuentan con una mayor protección jurídica para garantizar que la seguridad no entra en conflicto con la privacidad y la protección de la imagen. La existencia del fichero garantiza que detrás de él hay un responsable con nombre y apellidos, y por tanto una utilización correcta de las imágenes.

Del enorme peso del sector privado en la videovigilancia hablan también las estadísticas. De los más de 1.100 ficheros de la provincia, solo 21 son de titularidad pública. Entre las instalaciones que están dadas de alta en la AEPD encontramos los puntos limpios del Ayuntamiento, Instalaciones Deportivas, la Subdelegación, el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Lunada, la sede de Hacienda o los hospitales de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

No está clara la situación del resto de cámaras públicas. Hace más de dos años el entonces concejal de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva, anunciaba la intención del Consistorio de «legalizar » los 63 dispositivos instalados en la ciudad. Hablaba de las de tráfico, por ejemplo, que no enfocan a lugares o personas concretas sino a la vía pública. Sin embargo, desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ese proceso. Y el concejal de Seguridad Ciudadana, Salvador de Foronda, apunta a que «lo están estudiando los servicios jurídicos». De sus palabras se deduce que está pendiente de clarificación.

Lo que el Ayuntamiento ya ha resuelto es la adjudicación de las 16 cámaras de vigilancia en las zonas de ocio nocturno, que llevan años pendientes de su instalación y que fueron defendidas por el Consistorio como la mejor manera de luchar contra una violencia que ya se ha cobrado varias vidas y heridos graves.

Esta semana supimos que la empresa Etralux se encargará de su instalación y que tendrá dos meses para hacerlo cuando acabe de tramitar la documentación necesaria. Por tratarse de una videovigilancia destinada a la seguridad pública, el proyecto tuvo que pasar por la Comisión Regional de Videovigilancia y obtener su visto bueno.

Fenómeno generalizado

El incremento de cámaras no es algo exclusivo de Burgos, ni mucho menos. Su número crece exponencialmente en todas las provincias españolas, y también en Castilla yLeón. En el mismo periodo analizado (junio de 2011-junio de 2013) el número de ficheros ha crecido un 80 por ciento. Y en el conjunto de España la subida fue del 85%, casi 20 puntos por encima de la cifra burgalesa.

Desde la Agencia lo achacan a una mayor rigurosidad en el cumplimiento de la legislación que obliga a la inscripción de este fichero, pero también a que «la autorización de estos dispositivos se ha generalizado en comunidades de vecinos, garajes o empresas». Y los efectos, claro, se notan en el sector. Los profesionales, por suerte, tienen más trabajo.

Así lo corroboran en Enrique de la Fuente Seguridad, quien recuerda que «cada vez hay más información al respecto y la Agencia de Protección de Datos se ha puesto cada vez más dura». Ya no vale con poner una cámara. Ahora, si el particular o la empresa no quieren arriesgarse a recibir una sanción, deben cumplir con la norma.

En Óscar González Seguridad  apuntan, además, que la ley obliga a determinados establecimientos como joyerías, entidades bancarias o administraciones de lotería a que a partir del mes de agosto cuenten con un sistema de vigilancia, lo que también ha contribuido a la generalización de las cámaras. Y estas deben contar con un sistema automático que impida su visualización excepto que salte una alarma en el local.

Mecanismos parecidos se pueden instalar en empresas o bares, cuyos propietarios no desean que nadie les observe a no ser que se dispare un riesgo de seguridad. Es un sistema diferente al de las comunidades de vecinos. En ellas las imágenes se conservarían dentro de la propia cámara, en una especie de disco duro, y nadie podría visualizarlas sin una orden judicial o al menos una petición policial, en los casos en los que haya ocurrido o se sospeche de la comisión de un delito en la zona vigilada.