Agredir a un profesor puede ser castigado con penas de dos a cuatro años de cárcel y multa de tres a seis meses, ya que una vez que entre en vigor la Ley de Autoridad del Profesorado se reconoce a los docentes como autoridad pública. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley, que ahora inicia su tramitación parlamentaria para que pueda aprobarse definitivamente antes de concluir el año.

 

El consejero de Educación, Juan José Mateos, explicó ayer que la convivencia escolar y la autoridad del profesorado son requisitos básicos para un buen modelo educativo, por ello han reforzado este último aspecto con un proyecto de ley que refuerza su función docente y les reconoce la presunción de veracidad.

 

La nueva normativa, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, reconoce la autoridad del profesorado que dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio. Esto se produce como consecuencia del reconocimiento de los 37.555 docentes (28.347 de la red pública y 9.186 de la concertada-privada) como autoridad pública, por lo que se endurecen las penas para quienes cometan agresiones o intimidaciones graves contra ellos.

 

En el ámbito penal, estas conductas pueden ser calificadas como un delito de atentado a la autoridad, que según el artículo 550 del código penal está castigado con penas de dos a 4 años de cárcel y multas de tres a seis meses.

 

Asimismo, los delitos cometidos contra el colectivo, una vez reconocida la condición de autoridad, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximirá al profesor agredido de ser agente principal de la denuncia.

 

Mateos manifestó que «la convivencia escolar es una de las características importantes que dota de calidad a nuestro sistema educativo. Es un requisito básico para el modelo educativo y una de nuestras fortalezas. Estamos dotando a nuestros profesores de una herramienta muy importante para que puedan desarrollar su actividad». 

 

El consejero reconoció que en Castilla y León no existe una situación conflictiva y avanzó que incluso en este último curso se ha producido un descenso de alumnos con incidencias. No obstante, afirmó que «nuestros profesores merecen tener la autoridad necesaria para poder desarrollar una labor tan vital, que es la garantía de la educación y un elemento clave para el resultado de los alumnos y centros».

 

A pesar de que el proyecto de ley incluye ya las aportaciones de colectivos y organismos de representación del sector, el consejero de Educación informó de que «en su tramitación puede ser mejorado», ya que están receptivos a la máxima participación de las fuerzas políticas con el objetivo de «que la ley sea aprobada por unanimidad».

 

Finalmente, Mateos aseguró que Castilla y León ha sido «pionera» desde que en el curso 2004-2005 se impulsó el Plan de la Convivencia Escolar para dar respuesta a la preocupación educativa y social por el tema y posteriormente en 2006 se constituyó el Observatorio de Convivencia, que en este tiempo ha atendido a unos 700 profesores.