El PP anunció ayer que se va a poner en manos de la Fiscalía el caso por el que las arcas municipales de la capital ribereña se van a ver obligadas a abonar a la constructora Proincove cuatro millones de euros, o lo que es lo mismo 130,51 euros por cada arandino, por la ocupación de 8.0000 metros cuadrados de unos terrenos en 2005 para desarrollar el proyecto de acondicionamiento de las riberas, si bien la alcaldesa, Raquel González no concretó si la medida se adoptará a título de partido o como Ayuntamiento.
El concejal independiente Javier Rojas justificó la necesidad de que se investigue este expediente en ciertos hechos que podrían tener connotaciones penales. Un asunto que según los populares «pasó por despachos de técnicos y políticos con la idea de dejarlo debajo de la mesa creyendo que los problemas ignorándolos se solucionan».
Para el PP, el PSOE ha estado intentando desviar la atención sobre las causas de este problema al vincularlo al acondicionamiento de las riberas ejecutado en mandato 2003/2007 bajo el bipartito PP-TC y consideran que no tiene nada que ver «ya que es un asunto urbanístico». Aunque si bien el anterior alcalde, Ángel Guerra, intentó echar balones fuera terminaron por reconocer que también hubo una inacción por parte de la Oficina de Obras o del Letrado Mayor a raíz de que en el año 2005 el titular de Proincove advirtiera de que se estaban ocupando sus terrenos y no se hiciera nada.
Sostienen que la causa originaria es la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada definitivamente en el año 2000, siendo alcalde el socialista Luis Briones. Un documento en el que se calificaron esos terrenos como un sistema general de zonas verdes al ser zona inundable pese a lo que nunca el Ayuntamiento inició expediente de expropiación, como marca el procedimiento, siendo el propietario -transcurridos los cuatro años que establece la ley- quien forzó a que se fijara un justiprecio.
Si bien para el equipo de gobierno la causa «inmediata» es la valoración desorbitada realizada durante el segundo mandato de Luis Briones en 2009 y que no se recurrió ante la Comisión Territorial de Valoración ni se hizo nada por intentar reducirla. Un informe que lo tasaba en 4.034.000 euros y que Rojas advierte de que se encargo a un técnico no funcionario, dejando al margen a la jefa de Servicio que había realizado una valoración para expropiar otros terrenos en la zona de San Juan que aplicada a este caso «hubiera costado cuatro veces menos».
Para los populares levanta sospechas la inacción demostrada por el anterior equipo de gobierno, evidenciando que aunque hubo una propuesta de compensación por parte de la constructora se limitaron a llevar el tema a tres comisiones informativas, pero sin adoptar ningún acuerdo en Comisión de Gobierno. Y ante los argumentos esgrimidos por el entonces concejal de Obras, Eusebio Martín, de que desistió porque la oposición insinuó que existía trato de influencias porque la edil socialista Mar Chamorro trabaja en Proincove, la alcaldesa, Raquel González, negó que utilizaran ese argumento en ningún momento.
A juicio de Rojas es necesario investigar aspectos como que la administración de la empresa beneficiaria por esta operación urbanística la lleva Mar Chamorro, que la empresa multiplicará por 27 el valor por el que adquirió los terrenos o que el abogado que ha llevado este caso es marido de esta corporativa, militante socialista y comparte despacho profesional con Luis Briones, «el alcalde que ha facilitado que se pueda realizar esta operación urbanística». «Esto tiene todos los indicios como para llevarlo a la Fiscalía», señaló.