Los ayuntamientos de Castilla y León podrán ejecutar de forma subsidiaria obras de rehabilitación o conservación en los edificios de 40 años que no pasen la Inspección Técnica de Construcciones (ITC), conocida como ‘ITV’. Ésta es una de las medidas que recoge la nueva regulación que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente pretende aprobar en enero o febrero de este próximo año y que establecerá la obligatoriedad de estas revisiones en 101 municipios de la Comunidad.

De esta forma, el departamento de Antonio Silván pretende reforzar las potestades que tenían hasta ahora los ayuntamientos para aplicar las ‘ITV’, una técnica ya asentada en los municipios de León, Salamanca, Segovia y Valladolid, mientras los consistorios de Burgos, Zamora, Palencia y Ávila están comenzando a aplicarla. La nueva normativa, que actualizará el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado en 2004, está siendo analizado por los servicios jurídicos y se someterá en las próximas semanas al dictamen del Consejo Consultivo.

Asimismo, la Junta quiere impulsar con un endurecimiento de la legislación las revisiones, abriendo la puerta a que los consistorios puedan encargarlas y cobrárselas posteriormente a los propietarios de edificios. También, las entidades locales tendrán una mayor capacidad para exigir la ejecución de las medidas que se hayan establecido y para reclamar los documentos que acrediten la revisión.

En ese sentido, la nueva normativa, vinculada a la Ley de Derecho a la Vivienda de Castilla y León -aprobada en agosto de 2010-, establecerá la obligación de presentar a los ayuntamientos el certificado de la ‘ITV’ dentro del mes siguiente a su emisión, así como el informe anexo que detallará las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad, el cumplimiento de la normativa y las medidas que se deben adoptar en caso de deterioro.

En general, la normativa, que comenzará a aplicarse en 2013, será más exigente que la nacional, que entró en vigor el pasado mes de julio y que establece que deben ser inspeccionados los edificios de más de 50 años, ubicados en municipios de más de 25.000 habitantes. En Castilla y León, la edad de los inmuebles se rebaja hasta los 40 años y se aplicará en todos los municipios con más de 5.000 habitantes y en los que tengan 1.000 y estén en áreas urbanas.

Hasta ahora, el Gobierno autonómico sólo exigía que estas revisiones se realizaran en municipios mayores de 20.000 habitantes y los que disponían de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que sólo debían aplicarlo 60 ayuntamientos. Además, los municipios que lo consideren pueden acordar la obligatoriedad de las inspecciones, siguiendo el modelo planteado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, aunque se les impone un plazo de cuatro años para que las ‘ITV’ se apliquen.

Revisiones. Uno de los aspectos más novedosos de las inspecciones en Castilla y León es que el certificado de las revisiones, que exigirán los ayuntamientos, estará condicionado al cumplimiento de obras o actuaciones que determine la ‘ITV’, como en los vehículos. También, fijarán el plazo en el que se acometerán las actuaciones, sobre todo, si son urgentes y se detallarán las obras y trabajos necesarios para mantener los edificios en buenas condiciones.

La nueva regulación de la Junta exigirá que los informes detallen el estado general de conservación, especialmente de elementos vinculados con la estructura y la cimentación, así como las fachadas exteriores, interiores y medianeras, y las cubiertas, azoteas, voladizos, marquesinas, antenas y demás elementos susceptibles de desprendimiento. También, se centrará en las instalaciones de protección contra incendios, aparatos elevadores y redes de saneamiento y distribución de agua, gas y energía eléctrica en baja tensión.

El Gobierno autonómico flexibilizará la aplicación de las ITV en los complejos o comunidades de vecinos. En estos casos, las revisiones serán responsabilidad de éstas y afectarán sólo a sus construcciones, aunque formen parte de una sola edificación. Además, en las segundas revisiones, que se llevarán a cabo a los diez años, se tendrá que comprobar el cumplimiento de los deberes impuestos.