Familiares de niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia exigieron ayer la creación de una comisión de expertos que ayude a impulsar la investigación de sus casos y que parta de una iniciativa parlamentaria. Así lo pusieron de manifiesto los presidentes de SOS Niños Robados y Anadir, después de entregar, junto a la asociación Aberoa, cerca de 90.000 firmas a la Fiscalía General del Estado para denunciar el archivo de sus demandas. 

El Ministerio Público ha recibido cerca de 1.072 querellas relativas a las tramas del tráfico de niños, de las cuales 296 -el 30 por ciento- han sido guardadas, según aseguró el abogado de Anadir David Serra. Claro que, según agregó, no todas las comunidades autónomas proporcionan el mismo tratamiento a las familias que piden investigar el paradero de los hijos y hermanos que buscan. 

Así, puso como ejemplo que, mientras Murcia o Canarias no han archivado ninguna demanda, en Madrid, Extremadura, Baleares o Castilla y León se han cerrado las investigaciones en alrededor de un 50 por ciento de los casos. 

A la cabeza en el sobreseimiento de los asuntos, se encontraría Aragón, con el 71 por ciento, Navarra, con el 75, o La Rioja que ha archivado las siete denuncias recibidas. «El 100 por 100», destacó. 

El presidente de Anadir, Antonio Barroso, se quejó de esta disparidad de criterio entre las diferentes delegaciones provinciales, máxime cuando el anterior fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, apostó por la apertura de diligencias y por una mayor uniformidad. «Los hechos son de tal gravedad que no lo podemos dejar al azar». 

«La entrega de firmas no ha sido para mendigar Justicia, sino para exigir Justicia», expuso Mabel Escuer, una de las niñas robadas, que reclamó que se trate a este colectivo «igual que a otras víctimas». «No sabemos por qué somos el patito feo de ellos, quizá porque este hecho avergüenza a los dirigentes», agregó. 

«Me llamo Mabel Escuer, pero no soy Mabel Escuer», se presentó esta mujer nacida en 1952 que fue entregada ilegalmente a otra familia y que ha hecho una petición: «Tengo 59 años. Solo pido que antes de morirme en mi lápida sí ponga quien soy, aunque me han condenado a vivir una vida que no ha sido la mía y eso es irreparable». 

«Los niños robados no hay que buscarlos en las tumbas, estamos vivos», prosiguieron los afectados por las tramas de sustracción de recién nacidos. En este sentido, aseguraron que su objetivo no es «buscar revancha», sino lograr que «cada familia esté donde debe estar». 

 

«NOS HAN TOMADO EL PELO». El presidente de Anadir puso de relieve que los damnificados han pagado en pruebas de ADN cerca de 120.000 euros -«se han hecho 1.000 pruebas de genómica por 120 euros cada una»- y, además, han costeado los honorarios de los abogados que han llevado sus causas. 

Así, denunció que no han recibido el apoyo psicológico y las pruebas genéticas gratuitas que anunció el anterior ministro de Justicia y que, por ello, se han visto abocados a poner el dinero «de su bolsillo». «No hay derecho. Nos han tomado el pelo», apostilló.