La Gerencia de Salud de Área de Burgos ha trasladado a la Fiscalía provincial el caso de las sedaciones terminales practicadas por el jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Juan Antonio Huidobro, por si fuera constitutivo de delito. Así lo confirmó ayer  el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, quien explicó que el facultativo -actualmente de baja- está suspendido cautelarmente de empleo y funciones, con un expediente disciplinario abierto y que será cesado de su cargo.

La Inspección ha examinado todos los fallecimientos que se produjeron en el servicio de Medicina Interna del HUBU en el último trimestre de 2014, «analizando especialmente los que habían sido atendidos por este internista y encontrándose con el hecho constatado de que de los 21 casos atendidos con sedación terminal por este médico, 19 se realizaron sin adecuarse al protocolo». El consejero añadió que la Inspección, «sin ir más allá en esos casos, lo que plantea es que se inicie un expediente disciplinario y, especialmente y dado que pueda haber alguna responsabilidad penal, que se mande a la Fiscalía».

El inspector se centró exhaustivamente en el hecho publicado por este periódico el pasado 13 de febrero y en otro muy similar que, a los pocos días, otra familia también denunció por escrito ante la dirección del HUBU. «En su opinión la indicación de sedación terminal que se realizó no se correspondía a la que aparece en el protocolo y no existió consentimiento informado», añadió el consejero.

Antonio Sáez precisó que ayer mismo se ordenó desde la Consejería de Sanidad a la Gerencia de Área que se le comunicara al médico la apertura del expediente disciplinario y la suspensión cautelar de empleo y de funciones, y que se realizó el envío del caso al fiscal. Si se produce la admisión a trámite de este asunto se paralizará el expediente administrativo, que se reabrirá «y se tomarán las decisiones disciplinarias», una vez se resuelva en los tribunales en cualquier sentido.

La investigación por parte de Sacyl se inició a raíz de la publicación en este periódico el pasado  13 de febrero del caso de un anciano que había ingresado en el servicio de Medicina Interna a consecuencia de una neumonía y a quien Huidobro aplicó una sedación terminal que no precisaba. La medicación prescrita por el jefe del servicio le fue suspendida por otro médico a instancias de la familia, que, además, no había dado su consentimiento para esta práctica.

Este hecho fue conocido por el Comité de Bioética del Área de Salud de Burgos, quien elaboró un documentado informe con todos los detalles y las declaraciones de los profesionales implicados -incluido el propio Huidobro- y lo presentó ante la dirección del centro, que lo trasladó a la Inspección, no en ese momento, sino varios días después de publicarse en DB. La Gerencia también apartó de la jefatura a Huidobro, encargando a un jefe de sección la organización de Medicina Interna, aunque la única información que se facilitó fue que el médico estaba de baja.

En las últimas semanas su actividad, vinculada a la Unidad de Continuidad Asistencial, que atiende a pacientes procedentes de Atención Primaria, había bajado notablemente, según ha podido saber este periódico.

«Hecho aislado». El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, quiso tranquilizar a la población en el sentido de que estas sedaciones terminales ahora bajo sospecha e investigadas constituyen «absolutamente» un hecho aislado. El resto de las intervenciones paliativas realizadas por los otros facultativos de Medicina Interna y también analizadas por la Inspección han sido «totalmente correctas».

El consejero añadió que no se ha conocido nunca ningún caso similar en toda la comunidad autónoma: «No recuerdo que en las últimas décadas se haya producido nada parecido a lo ocurrido ahora en el HUBU».