Los dispositivos para el control telemático -vía GPS- de las medidas de alejamiento a maltratadores comenzaron a utilizarse en España en verano del año 2009. Se trata de las famosas pulseras, brazaletes o tobilleras que establecen la localización de agresores las 24 horas del día cuando no se encuentran en prisión. En seis años, los jueces de Burgos no habían ordenado la utilización de este instrumento. Recientemente, sendos autos de los juzgados de lo penal han admitido la petición de la Fiscalía para poner dos en funcionamiento en la provincia de Burgos. Ambas son para dos condenados, uno de ellos como maltratador habitual y otro por quebrantar varias órdenes de alejamiento.
Los dos están a punto de comenzar a disfrutar de permisos carcelarios y sus exparejas, víctimas con riesgo extremo de volver a ser agredidas, han solicitado al Ministerio Público la posibilidad de que porten esos dispositivos, con el fin de velar por su seguridad y evitar que sus excompañeros quebranten la orden de alejamiento.
Como medida cautelar -antes de una condena firme- los representantes del Ministerio Público son partidarios de enviar al agresor a prisión si el riesgo para la mujer es alto. Lo decía hace pocas fechas la fiscal coordinadora de Violencia de Género de Castilla yLeón, María Boado. «A la hora de aplicar una medida preventiva si yo tengo miedo de que a una mujer le vayan a hacer algo prefiero que el hombre vaya a prisión», decía. «La pulsera se utiliza cuando se termina el plazo para que un hombre esté en prisión preventiva. Pero esta circunstancia no se da en Burgos, porque antes de que se agoten esos plazos ya hemos tenido buen cuidado de que se haya celebrado el juicio y condenado».
Mercedes Bujanda, que fuera fiscal delegada de violencia de género en Burgos, opinaba lo mismo. «Si existe un riesgo grave para la mujer, es mejor tomar la medida de ingreso en prisión para el agresor o el abandono del pueblo donde residen ambos», afirmaba. Además, advertía, si un agresor no se la pone, solo se le puede acusar de un delito de desobediencia, pero nada más. Otro problema, es que el uso no es sencillo, exige cierta habilidad. Y existen dificultades técnicas, porque hay zonas de exclusión en domicilios o zonas de trabajo.
Las pulseras o brazaletes son unos dispositivos formados por tres aparatos. El hombre tiene una pulsera que no se pude quitar -que es sumergible incluso a 100 metros de profundidad- y un transmisor GPS que no puede separarse de la pulsera a más de 100 metros, sin que el centro base, ubicado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, lo sepa. Además, si trata de manipular la pulsera, también se dispara una alarma.
La víctima debe colocarse un emisor vía satélite para conocer dónde se encuentra, siempre en relación con el maltratador. Este aparato, que es muy similar a un teléfono móvil en cuanto a peso y tamaño, está dotado tanto de un botón de pánico para emergencias como de la posibilidad de entrar en comunicación directa con el centro base en caso de que tenga algún problema técnico o de que quiera alertar sobre la presencia de su agresor.
El centro informa a la víctima y a las fuerzas de Seguridad del Estado en cuanto el agresor se acerca a menos de 500 metros de la mujer.
En la actualidad, éste es el único dispositivo tecnológico que controla tanto al agresor como a la víctima de violencia de género, y su fiabilidad está garantizada. Los aparatos están disponibles, de forma gratuita, una vez que son concedidos por orden judicial. No obstante, se trata de una tecnología costosa, su precio asciende a unos 5.000 euros por instalación, que comprende tres dispositivos, dos para el maltratador y uno para la mujer.