No ha llovido tanto desde que el perímetro de la ciudad era una escombrera. Pinares, tierras de labor, parcelas urbanizables y hasta el Camino del Cid sufrían de forma cotidiana los vertidos ilegales de, sobre todo, escombros. De esa forma, los infractores que se deshacían de los restos de obras (grandes, medianas y pequeñas reformas) eludían el coste de llevar los rechazos a una planta de tratamiento autorizada para su selección y transformación o, en última instancia, traslado a Abajas. Ellos se ahorraban unos euros, los demás se quedaban su basura.
La presión de las empresas del sector del reciclaje surtió efecto y el Ayuntamiento empezó a hablar el único idioma que algunos parecen entender, el del dinero. Así, comenzó a exigir a todo aquel que fuera a realizar una obra, por pequeña que fuera, que depositara una fianza que únicamente le es devuelta cuando entrega en dependencias municipales el certificado de que ha llevado a una planta de tratamiento el escombro que los técnicos consideran que se va a generar. «Eso ayudó mucho, pero también se ha notado que hay una mayor concienciación y que el sector de la construcción está muy parado», explica Ricardo Iglesias, vicepresidente de la Asociación de Gestores de Residuos de Castilla y León (Argedecyl) y propietario de las dos plantas (Iglecar y Excavaciones Pérez) actualmente autorizadas en la capital para tratar residuos de construcción y demolición.
Entregar una tonelada de escombro limpio (sin maderas, vidrios, plásticos...) en un centro autorizado cuesta nueve euros, y para el resto de materiales se puede optar por llevarlo todo junto, en cuyo caso el coste es de 50 euros por tonelada, o por separar los materiales y entregar por un lado el escombro y por el otro el resto de rechazos. Es más, los puntos limpios de la ciudad recogen sin cargo alguno la mayoría de los residuos que se pueden generar en pequeñas reformas, que es de lo que tradicionalmente se han nutrido los vertederos ilegales. Aún así, hay quien sigue depositando contra las leyes y contra la propiedad allí donde le viene en gana, y el ejemplo más claro es el estercolero que crece desde hace años a la vera de la circunvalación de Cortes y casi pegado al pinar que cierra el cinturón verde de Burgos por el Sur.
Imaginen un campo de fútbol. Ahora llénenlo de escombros, neumáticos, tuberías, ropas, colchones, electrodomésticos (a los que, eso sí, han retirado la chapa para venderla al peso), piezas de coches, latas, tablones, cables, bolsas de basura, sacos, plásticos y cuanto se les ocurra que puede ser dramático echar en una zona verde. Bien, ya tienen una imagen muy aproximada de lo que es el último gran vertedero ilegal dentro del término municipal de Burgos, porque fuera la historia cambia.
Para todo el que conduce por la circunvalación de Burgos a la altura del barrio es perfectamente visible el despropósito. Y al parecer también es muy conocido por los ‘usuarios’, ya que es evidente que los vertidos, algunos muy recientes, son continuos. Hasta donde este periódico ha podido saber, el terreno es una propiedad privada, lo cual es un problema doble para su dueño. El primero porque su tierra es un muladar, y el segundo porque a ojos de la ley es el responsable de los vertidos, salvo que el infractor sea cazado con las manos en la masa. Y ahí sigue.
Consultado el asunto a expertos en materia de recogida de residuos, en el lugar podría haber esparcidas unas 50 toneladas de rechazos. Teniendo en cuenta que allí hay de todo, retirarlo y llevarlo a un centro autorizado podría costar unos 2.500 euros, pero eso es una estimación dado que allí se ha vertido durante años y el lugar esconde toda suerte de sorpresas.
Lo peor es que prácticamente todo lo que se tira allí podría ser recogido sin cargo en un punto limpio. En el caso de los escombros, ahora es tan sencillo como hacer una declaración responsable gratuita en el Ayuntamiento para advertir de que se va a hacer la reforma en cuestión y gastar 9 o, a lo sumo, 18 euros en llevar una o dos toneladas a un centro de tratamiento. Y si se trata de cantidades más pequeñas (100 ó 200 kilos) también se recogen gratuitamente en los citados centros municipales.
A mejor. Con todo, el de Cortes es el último ejemplo de una práctica que llegó a ser preocupante hace apenas un lustro. Pero la historia cambia al salir del casco urbano. Entre Villagonzalo y Villariezo es cotidiano el vertido de escombros de obra y no hace falta esperar demasiado tiempo para ver cómo hay ‘ciudadanos’ que aparcan sus vehículos y, como el que compra el pan, vacían sacos de residuos de obra, o lanzan unos sanitarios o lo que se tercie a pie de carretera.
Lo mismo ocurre en el alfoz. El bosque del entorno de Arcos de la Llana es un claro ejemplo. A pesar de que se ha ‘limpiado’ una histórica escombrera que hubo allí, son perceptibles las huellas de vertidos incluso de neumáticos, considerados un residuo peligroso por sus componentes. En el resto de la provincia las cosas no están tan bien, aunque mejoran gracias a la apertura de centros de tratamiento en Los Balbases (cuyo Ayuntamiento fue modélico en la lucha contra los vertidos), Sasamón, Briviesca o Salas, en la mayoría de los casos plantas de hormigón o de venta de materiales de construcción que se encargan de gestionar los rechazos. Castrojeriz está en proceso para sellar su escombrera y el día 29 harán lo propio en una vieja mina de Belorado utilizada como vertedero.
«En la provincia sí sigue siendo un problema. Los Ayuntamientos no cobran la fianza por la gestión de residuos y el traslado a la capital incrementa los costes, así que lo tiran donde se solía hacer», explica Iglesias, para quien a pesar de todo «la provincia de Burgos ha logrado ser modélica en Castilla y León» en tratamiento de residuos. Un aviso: que verter en el campo sea consuetudinario no lo legitima. Así que, además de indecente, es punible.