Salvo raras excepciones, las ventajas fiscales que el Concordato entre la Santa Sede y el Estado español logró para las congregaciones religiosas católicas no han generado debate alguno desde su firma, y han llovido 33 años. Sin embargo, la crisis se manifiesta tan poderosa que logra remover los cimientos de lo que parecía inamovible y la lucha por la supervivencia de los municipios ha despertado una fiebre por recaudar y obtener toda suerte de recursos de la que no escapa nadie.
El Ayuntamiento de Zamora abrió el melón de las exenciones fiscales que asisten a su diócesis al aprobar el cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para todas aquellas propiedades que no estuvieran dedicadas exclusivamente al culto o estuvieran asistidas por alguna reglamentación complementaria que las blinde. Más sencillo: optó por no bonificar nada que no estuviera meridianamente claro en las leyes vigentes (ver cuadro junto a estas líneas).
Fue anunciarlo Zamora y el debate llegó a prácticamente todos los ayuntamientos importantes de Castilla y León. En el caso de Burgos, se encargó un informe a los técnicos que reflejara todas y cada una de las propiedades, el uso que tienen y la situación fiscal en la que se encuentran, además de contener el recibo ‘fantasma’ del IBI que no se pasa cuando es el caso. Tras analizarlo, el equipo de Javier Lacalle consideró que todas las exenciones que se aplican son correctas, y que por tanto no procede una revisión de las mismas.
Pero el PSOE decidió pedir a nivel nacional que se revisen los acuerdos para acotar con precisión qué debe y qué no debe pagar IBI. Ahí arraiga una proposición que el Grupo Municipal Socialista llevará hoy al Pleno y que tiene una doble vertiente. Por un lado se pide al Gobierno de España que «se eviten discriminaciones y se delimiten claramente» los términos de aplicación del Concordato y su transposición a la Ley de Haciendas Locales y, por otro, tal y como explicó el portavoz de los socialistas, Luis Escribano, que el Ayuntamiento de Burgos aplique «rigor y equidad» en las exenciones, pues consideran en el PSOE que el informe municipal muestra «contradicciones» al dejar exentos del pago a algunos inmuebles que ejercen una actividad concreta mientras que por otros con la misma finalidad sí se está cobrando.
En el listado, al que ha tenido acceso este periódico, se aprecia que hay inmuebles exentos por tener un uso de «sanidad y beneficiencia», como es el caso de una congregación del barrio del Crucero o la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (carretera Poza), mientras que otros con la misma etiqueta, caso del Hospital San Juan de Dios, sí están pagando hasta 29.000 euros al año. También hay usos comerciales, culturales, almacenes y estacionamientos que quedan exentos del pago.
Según el ‘catálogo’, la Iglesia católica, en toda su extensión, tiene 359 propiedades en Burgos. Si pagara el IBI por todas ellas debería abonar, a día de hoy, 755.605,55 euros anuales. Restando a esa cantidad todos los inmuebles que sí cotizan al IBI por un importe de 126.880,93 euros, se deduce que el Concordato y las leyes subsidiarias le supone a la Iglesia un ahorro anual de 628.724,62 euros.