La solución se presentó públicamente hace diez meses, pero no ha sido hasta ahora cuando el Ayuntamiento de Burgos ha respirado de verdad, porque el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se anima por fin a suscribirlo. La reestructuración de la deuda de la cuarta fase del polígono de Villalonquéjar saldrá adelante y permitirá al Consorcio (formado por la administración local y Caja de Burgos) relajarse al menos durante los próximos meses. El fantasma de la disolución que acechaba a este organismo no llegará, al menos, hasta el mes junio de 2016. Y además se han abierto nuevas perspectivas para la decena de empresas que ya están comprometidas a ocupar sus suelos.

En el mes de julio del año pasado tanto los órganos de gestión del Consorcio como el Pleno del Ayuntamiento aprobaban una reestructuración de la deuda que, en la práctica, significaba poder aplazar algunos pagos y que los acreedores aflojaran parte de sus exigencias para facilitar el cobro final. Entre otras cuestiones, la ciudad se comprometía a hacer frente al abono de 13,75 millones en concepto de expropiaciones repartido en cinco anualidades, pero pesaba sobre ella la ‘amenaza’ de desembolsar 23 millones en total si no se vende el suelo de Villalonquéjar IV, la mitad de ellos entre los ejercicios 2014 y 2015.

A cambio, los acreedores principales estipulaban el aplazamiento del préstamo ‘Club Deal’, concedido en el año 2008 por CaixaBank e ICO por un importe superior a 80 millones de euros que supone la principal amenaza para el Consorcio (la deuda total supera los 100 millones). Por aquel entonces la solución parecía definitiva, pero faltaba la rúbrica final del Instituto de Crédito. Y allí se complicó el proceso.

El concejal Salvador de Foronda relata que en el mes de agosto de 2014 el Ayuntamiento le remitió la liquidación de presupuestos para que fuera estudiada en el departamento de riesgos, cuyo visto bueno se daba por hecho. Sin embargo, un cambio en la presidencia de este organismo retrasó las negociaciones, obligó a dar nuevas explicaciones y surgieron «duras condiciones», relata el edil de Hacienda, «porque el ICO nunca había refinanciado un crédito». 

Por medio se mezclaba, además, la complicación de los cambios acaecidos en Caja de Burgos, que ahora es CaixaBank, ante la discusión de quién debía asumir los avales por importe de 50 millones de euros que formalizó la entidad financiera cuando era únicamente burgalesa.

Llegaron momentos de tensión y se temió por la posibilidad de la disolución del Consorcio, lo que hubiera abierto el melón de la subasta de los terrenos para pagar a los acreedores (en primer lugar a los expropiados) y que a buen seguro hubiera desplomado los precios de las parcelas con cuyos ingresos cuenta el Ayuntamiento para intentar salvar toda la operación. Pero finalmente la reestructuración superó los informes de riesgos y el día 27 de marzo de este año el ICOotorgó la luz verde final.

«Ahora solo falta que recibamos los contratos, que ya están preparados, con ellos iremos al notario y nuestra intención es terminarlo todo antes de final de mes», prosigue Foronda, quien explicará los detalles en una próxima reunión del Consorcio de Villalonquéjar.

¿Qué supone todo este complejo proceso financiero? «Que el Consorcio es viable», asegura el concejal, «y que en la peor situación económica hemos logrado la confianza en nuestra gestión». Pero sobre todo subraya Foronda que la decena de empresas que ya se han comprometido con el Consorcio, cuyos nombres y número exacto prefiere no revelar por cuestiones de confidencialidad, «tendrán más confianza y esperamos que se decidan a adquirir los suelos concretos por los que se han interesado y empecemos a desbloquearlos».

El Ayuntamiento maneja un listado con el que podría ingresar más de 5 millones de euros y que incluye firmas de diversos sectores y proyectos tanto de ampliación de plantas ya existentes en Burgos como de nueva implantación en la ciudad. Dice Foronda que todas ellas proceden de peticiones formalizadas a partir del verano pasado, cuando se anunció que Acinesgon (especializada en aceros inoxidables y ahora ubicada en las naves Korrea) sería la primera empresa en estrenar la nueva política de precios del suelo, en torno a los 50 euros por metro cuadrado (la compra aún sigue pendiente de concretarse).

Afinales de 2014, fuentes del Consorcio explicaban a este periódico que empezaban a constatar un mayor interés empresarial y que manejaban 9 iniciativas «de las áreas de bienes de equipo y servicios» con las que ya habían mantenido varios contactos. Algunas de ellas podrían ser las nuevas compradoras de Villalonquéjar IV.

Esos más de 5 millones que confía en obtener Foronda serán determinantes dentro de un año cuando llegue, de nuevo, la hora de la verdad para el Consorcio. El 30 de junio de 2016 habrá que poner otra vez las cartas sobre la mesa y comprobar si el valor de los activos es superior a la deuda viva. En caso contrario, una vez más habrá que ir a la disolución.

Si resulta que es viable, el escenario en el que confía la administración local, todos los ingresos que se hayan ido obteniendo por la venta del suelo «servirán para ir superando plazos», explican desde el Ayuntamiento de la capital. 

En julio de este año, para empezar, el Consistorio debe abonar unos 2,9 millones de euros en concepto de intereses y en julio de 2016 otros 2,4. Y a partir de enero de 2017 se empezará a amortizar el resto de la deuda, con obligaciones que se alargan hasta el año 2024. Con ese escenario, por tanto, hablaríamos de nueve años más en el lejano horizonte.