Las negociaciones para la reforma de la Política Agrícola Común se hallan en este momento en un terreno de nadie, donde los ministros de Agricultura mantienen sus trabajos, pero sin que los mismos hayan derivado en acuerdos o compromisos concretos sobre el futuro de la misma. En su última reunión, debatieron sobre las ayudas a los jóvenes en un futuro escenario de la reforma, así como del funcionamiento y la obligatoriedad de las interprofesionales, sin que en ambos casos se lograsen acuerdos.
Las razones de esta situación son dos. La primera, porque no existe aún el marco financiero para situar la futura PAC y nadie quiere comprometerse a un texto sobre la nueva reforma si antes no se conocen las disponibilidades financieras que se asignarán a la misma para el período de 2014 a 2020. La cumbre de jefes de Estado prevista para los próximos días 22 y 23 puede ser definitiva para lograr un pacto sobre ese nuevo techo del gasto de la Unión Europea (UE), donde se contemplarían los fondos para dicho apartado. Pero es muy probable que el acuerdo sobre el marco financiero se retrase hasta la primera quincena de diciembre, con lo que la renovación de la PAC se mantendría hasta entonces en un tiempo muerto.
En materia presupuestaria, la Presidencia chipriota se descolgó con una propuesta sobre el marco financiero donde se abordan igualmente los fondos que serían destinados para la PAC. La propuesta inicial de la Comisión contemplaba, en conjunto, mantener los recursos en los niveles de 2013, en moneda corriente, lo que en dinero constante, descontada la inflación, significaba un ajuste de entre un 9% y 16%. Sobre esos fondos inicialmente previstos, propone un recorte de 7.000 millones de euros para el período de 2014 a 2020 sobre los 386.900 millones que asignaba la Comisión. Para los pagos directos, la bajada sería de 4.400 millones de euros sobre los 281.800 previstos, mientras para desarrollo rural aumenta la cifra en 90,8 millones. Del conjunto de otras partidas complementarias anunciadas por Bruselas, innovación, ayudas para compensar los efectos de la globalización, etc, se mantendrían todos como estaban, menos los asignados para crisis agrícolas, que bajarían de 3.500 a 1.500 millones.
Hasta 2015
Un dato a tener en cuenta, apuntado por la propia Presidencia en su propuesta, es la posibilidad de que, a la vista de los procesos de negociación pendientes, el desarrollo de los correspondientes reglamentos y su aplicación en cada país, la reforma de la PAC no entrará en vigor en 2014, como estaba previsto, sino en 2015.
Las negociaciones para la renovación de la PAC tienen otro punto de interés en los debates sobre las casi 8.000 enmiendas presentadas por todos los países miembros y donde las posiciones no son exactamente coincidentes con los planteamientos de la CE, ni tampoco de algunos de los Estados más importantes.
El Parlamento coincide con la mayor parte de los Estados miembros en la necesidad de que Bruselas mantenga los niveles de recursos que asignaba inicialmente y que no se produzcan recortes al margen de las decisiones que se adopten sobre el marco financiero para 2020. Se trata de un presupuesto anual de 137.900 millones de los que algo más de 44.000 serían para la política agraria.
Desde la Eurocámara se pretende que, tal como planteaba la Comisión, se lleve a cabo un proceso real de convergencia en materia de ayudas por hectárea entre países, así como en un propio Estado; que haya un sistema de redistribución de recursos entre naciones más ambicioso y menos tiempo para reducir las actuales diferencias entre lo que percibe una explotación en uno de los nuevos socios del este, en algunos casos menos de 100 euros, a los más de 300 de una explotación francesa. España se halla en una posición intermedia, por lo que el impacto de este proceso sería mínimo. Es lo mismo que quiere el comisario Ciolos, pero no los países que reciben hoy las mayores ayudas, como son los casos de Alemania, Francia y España.
Con el debate de las casi 8.000 enmiendas a la propuesta de reforma en el Parlamento Europeo, uno de los puntos de interés para la Administración española es el seguimiento y los trabajos en los debates sobre el conjunto de las mismas. En este sentido, Agricultura, en medio de tantas enmiendas, ha definido los aspectos prioritarios y se habrían dado instrucciones a todos los parlamentarios para trabajar en esa dirección.
Un primer punto que defiende España es la necesidad de mantener los fondos asignados inicialmente por Bruselas en la presentación de la propuesta de reforma.
Otro aspecto muy importante para el país es tener la posibilidad de fijar en 21 millones el volumen de hectáreas elegibles donde asignar las ayudas y no que se pudiera llegar a los 36 millones, lo que equivaldría a menos fondos por hectárea.
Madrid rechaza la propuesta comunitaria por la que la política verde o greening se lleve el 30% del sobre en explotaciones con más de tres hectáreas y con la obligación de tener tres cultivos. Agricultura quiere que el porcentaje de fondos no supere el 15%, que haya obligación de dos cultivos, que afecte solo a explotaciones con un mínimo de entre 15 y 20 hectáreas, que no se aplique el abandono para el 7% de la superficie y que haya nuevos criterios para definir las políticas de apoyo al medio ambiente.