La tormenta ha estallado en el seno del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital ribereña. La calma tensa que se lleva viviendo desde hace meses entre los miembros del grupo municipal popular se convertía ayer en una tempestad tras una comparecencia pública del concejal Diego Velázquez, en la que anunciaba que había dado traslado de cinco expedientes de la Concejalía de Medio Ambiente en los que había detectado «posibles irregularidades» a la Fiscalía Provincial de Burgos para su investigación.

Una vez que esta denuncia pública llegó a oídos de la alcaldesa Raquel González y otros miembros del equipo de gobierno arandino, se reunieron de manera urgente para estudiar las medidas más adecuadas a tomar ante la situación a la que se han visto abocados y acordaron el cese de Velázquez como edil delegado de Medio Ambiente y miembro de la junta de gobierno local.

La gota que colma el vaso

El paso dado por el concejal Diego Velázquez, tanto por su contenido como, sobre todo, por su forma, ha sido la última vuelta a una tuerca que estaba cercana a pasarse de rosca. Era él mismo el que explicaba los hechos acaecidos desde el pasado viernes, 10 de octubre, a las puertas de un puente festivo y con la alcaldesa ausente de Aranda. Fuera ya del horario de funcionamiento de las oficinas municipales, Velázquez relata que pidió a un conserje que le abriese las puertas de su Concejalía para coger unos efectos personales. Fue en ese momento cuando se llevó los cinco expedientes sobre los que alberga dudas en torno a su contenido para depositarlos en las dependencias de la Guardia Civil de Aranda, donde estuvieron custodiados hasta que los retiró él mismo el pasado miércoles para llevárselos a Burgos.

Los expedientes en cuestión son los relacionados con la ordenanza reguladora de los huertos ecológicos de ocio de Allendeduero, con la gestión del centro de acogida de animales abandonados, con el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Aranda y la Asociación de Protección Animal Huellaranda, con la contratación de gestión del kiosco bar El Barriles y con la contratación del servicio de recogida de animales abandonados en la capital ribereña, que según el edil suponen un montante anual para las arcas municipales en torno a los 400.000 euros.

Diego Velázquez explicó el asunto en el parque El Barriles. - Foto: DB «Considero que hay irregularidades para ser estudiadas y mi obligación como concejal, si encuentro irregularidades, es ponerlo a disposición de la autoridad competente», afirmó Diego Velázquez, mostrando su sorpresa porque el mismo día que él los entregaba al fiscal jefe provincial, en el Ayuntamiento arandino un trabajador del área de Medio Ambiente informaba de la desaparición de los mismos. «Lo que he visto aquí es que se están haciendo cosas que yo no tengo conocimiento como concejal responsable de la Concejalía a mis espaldas, que dichas acciones están siendo dirigidas de una manera que yo desconocía y que si mañana saliera a la luz me salpicaría a mí, y a mí no me va a salpicar nada», declaró, asegurando que «existe documentación de pliegos que desconozco con curriculum de personas y esos pliegos van direccionados hacia algo que yo desconocía completamente».

La primer edil arandina, que compareció arropada por el resto de integrantes del grupo municipal del PP, se mostró firme en su decisión ante los hechos que se estaban encadenando. Aunque en sus declaraciones públicas puntualizó que la suspensión de atribuciones era cautelar, en el decreto que firmó y que posteriormente se hizo llegar a Diego Velázquez en su domicilio no aparece ese adjetivo que indica la temporalidad de la situación de cese. En cuanto a los motivos del mismo, González argumentó que «las formas no son éstas, no tiene nada que ver con que haya hecho declaraciones, simplemente tiene que ver conque esta no es la forma de arreglar los asuntos en un Ayuntamiento y las soluciones se toman en consenso y con el resto de los compañeros de grupo».

La alcaldesa era conocedora de que Velázquez iba a acudir a la fiscalía porque él mismo se lo dijo el día previo a su encuentro con el fiscal jefe, al parecer, sin entrar en detalles, pero puntualizó que las formas no habían sido las correctas, aludiendo a la retirada de expedientes de la Concejalía de Medio Ambiente. «Si la fiscalía está interesada en investigarlo tiene que hacer unos requerimientos», apuntó. Ante la inmediatez de la decisión, que no tardó en producirse más allá de hora y media desde que terminara la comparecencia pública de Velázquez, la alcaldesa confirmó que aún no se había decidido quién ocupará el puesto de Velázquez al frente de Medio Ambiente y ni si este cese puede tener vuelta atrás. «No lo sé si se le podrán restituir, dependerá de cómo transcurran las cosas y cómo se vea si hay alguna trascendencia de este hecho, si él ha estado acertado, si no ha estado acertado y demás. Adoptaré la decisión oportuna según cómo vayan pasando los próximos días», sentenció.