El endurecimiento de los requisitos para acceder al bono social eléctrico, que ahora sí se fija en las rentas de las familias para conceder un descuento en la factura de la luz, permite disponer ya de una foto fija sobre los burgaleses que atraviesan por verdaderas necesidades. Si antes bastaba con tener contratada una potencia inferior a los 3 kilovatios para beneficiarse de la rebaja, ahora hay que demostrar encontrarse en situación de «vulnerabilidad», según define la normativa. En Iberdrola han contabilizado 11.370 hogares de la provincia que han solicitado acogerse a este medida, lo que, a su vez, ha dejado fuera a 14.983 familias que sí se habían favorecido del bono el año pasado.

Aunque los ciudadanos en situación vulnerable pueden solicitar acogerse al bono social en cualquier momento, el pasado 31 de diciembre expiró el plazo para que las familias que ya disfrutaban de esta medida demostraran que su nivel de renta les hace merecedores de la ayuda.

La compañía eléctrica explica la caída de beneficiarios en que antes el 72% de las familias acogidas al bono social (en este caso el dato es a nivel nacional) se veían favorecidos por esta medida al tener contratada una potencia baja. Lo que no implicaba necesariamente que atravesaran por problemas económicos.

A esto se sumaba que había casos en los que se les aplicaba el descuento porque se presumía que la factura se correspondía con la de su vivienda habitual (ese era otro de los requisitos) cuando en realidad no era así. Según recuerdan «en julio del 2009 se dieron en automático los bonos sociales a la mayoría de estos suministros y, por ello, no tuvieron que presentar ningún documento (como el certificado de empadronamiento) acreditando el uso como primera vivienda».

Otra circunstancia que se daba era que en muchos hogares tenían instalada esa pequeña potencia porque utilizaban otro tipo de energía en sus viviendas que reducía sus necesidades eléctricas. Pero en muchos de estos casos, poco o nada tenía que ver su nivel de renta. Se presuponía que tener menos de 3 kilovatios era sinónimo de encontrarse en una situación complicada, cuando no debería de ser así.

En la actualidad, el Gobierno define tres tipos de beneficiarios: el vulnerable, que puede recibir un 25% de descuento en la factura, el vulnerable severo, que puede lograr una rebaja del 50% del recibo,  y el consumidor en riesgo de exclusión social, a los que en caso de «imposibilidad temporal» no se les puede cortar el suministro.

En el caso de los vulnerables, tienen que demostrar tener una renta inferior a 11.279 euros anuales si no hay ningún menor a cargo, de 15.039 si hay uno o de 18.799 si hay dos. También se pueden acoger las familias numerosas o los hogares en los que todos sus integrantes perciben la pensión mínima y no perciben otros ingresos que superen los 500 euros al año.

Como consumidores vulnerables severos se incluyen a los que sus niveles de renta son al menos el 50% inferiores a los requisitos que se exigen para los denominados como vulnerables, a las familias numerosas que percibe menos de 15.039 euros al año. También se incluyen a pensionistas con ingresos ínfimos.

Para ser incluido como consumidor en riesgo de exclusión se deben de cumplir los requisitos que se piden para los severos y que concluya la circunstancia de que sean atendidos por los servicios sociales de una administración pública y  les pague el 50% de la factura.

Además, se recogen descuentos adicionales para ciudadanos en circunstancias especiales para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o del terrorismo, en situación de dependencia o para familias monoparentales.