Los funcionarios municipales, como cualquier trabajador, tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones de verano, pero no parece lógico que una sección del Ayuntamiento se quede sin ningún responsable y más si cabe si es Intervención, que se encarga del control y la fiscalización de todas las demás.
La ausencia del interventor y del viceinterventor al mismo tiempo- autorizada por el alcalde- está provocando retrasos en el pago a proveedores pero también algunas ayudas de las que dependen las personas más vulnerables. Es el caso de más de medio centenar de familias no han podido cobrar las ayudas de urgente necesidad por un importe de 27.600 euros. Es decir, las que sirven para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos.
Estas familias están pendientes de recibir esta ayuda de la que depende que puedan hacer frente a las facturas de la luz, el agua o el gas e impedir que las compañías suministradoras les corten estos servicios básicos para la vida diaria; el alquiler de las casas en las que viven y evitar un posible desahucio o la alimentación o los cuidados personales esenciales (vestido e higiene)
La Gerencia de Servicios Sociales remitió hace dos meses a Intervención los 52 expedientes perfectamente informados por sus técnicos (es necesario cumplir una serie de requisitos para poder acceder a las ayudas) para su fiscalización y autorización de los pagos sin obtener respuesta alguna. Al parecer se habían planteado problemas derivados con la forma de tramitación al optar por la vía tradicional en lugar de la electrónica. Ahora la situación se ha agravado con el periodo vacacional de los dos responsables de las áreas, que dejaron los expedientes sin tramitar.
Al parecer, el alcalde designó a otra funcionaria municipal para que pudiera realizar las funciones de los titulares del área durante su ausencia, pero solo tramita los expedientes que han llegado desde su nombramiento.
Los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales han expresado su malestar por el retraso en el pago de las ayudas que consideran básicas para que las personas más vulnerables puedan tener una vida digna y evitar su exclusión social. Algunos de los afectados han trasladado sus quejas a los equipos de profesionales de los centros de acción social (CEAS) que nada pueden hacer, pues el pago de las cantidades depende de Intervención.
También han llegado reclamaciones al servicio de información ciudadana 010, que poco puede hacer, además de haberse puesto en contacto con el área de Intervención sin ningún resultado.
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