El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, aseguró ayer que no es «fácil» compatibilizar la «voluntad» de mantener la asistencia «a todas las personas» que viven en la Comunidad y cumplir lo recogido en el Real Decreto que excluyó en 2012 de la prestación sanitaria a las personas en situación irregular. Insistió en que una comunidad «seria» no puede plantear la «insumisión» de la norma y explicó que entre un 15 y un 20 por ciento de los 14.994 ‘sin papeles’ que perdieron la tarjeta sanitaria han utilizado los servicios del sistema público de Castilla y León.
Sáez Aguado compareció ante la Comisión del ramo de las Cortes a petición del Grupo Socialista para informar sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes ‘sin papeles’ en la Comunidad. Gran parte de la oposición, en concreto, los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos e Izquierda Unida reclamaron la derogación de la norma que promovió la exministra Ana Mato ya que denunciaron que acabó con el derecho universal a la asistencia sanitaria, mientras Ciudadanos insistió en los riesgo para la salud pública que entraña esta situación y apostó, como el consejero, por armonizar los criterios de acceso a la sanidad pública.
El consejero proclamó que «no ha habido problemas», salvo «alguno en el procedimiento» a seguir por parte de los profesionales, una situación «idílica» para los portavoces del PSOE y Ciudadanos, Mercedes Martín y Manuel Mitadiel. Sáez Aguado recalcó que se ha dado una «respuesta» que calificó de «razonable», al mismo tiempo que se ha cumplido el Real Decreto promulgado, lo que para la portavoz de Podemos, Isabel Muñoz, significa «poner una vela a Dios y otra al diablo». «Una cosa o la otra no está haciendo bien», apostilló.
evolución. En ese sentido, el titular de Sanidad recalcó que se ha garantizado el acceso a la Atención Primaria, a los servicios de Urgencias, a la prestación farmacéutica, a las pruebas diagnósticas e incluso a los especialistas. Recordó que se mantuvieron a estos pacientes en las historias clínicas y se le asignaron médico y enfermera, a pesar de no tener tarjeta sanitaria. El consejero detalló que 14.994 personas en situación irregular se vieron afectados hace tres años por la reforma, aunque señaló que es difícil conocer su «evolución», si bien precisó que 1.281 han acudido a consultas de centros de salud y 333 a los servicios de urgencias.
Martín puso de manifiesto que ya solo el PP defiende la reforma sanitaria, que señaló el consejero reconoce que modificó el criterio para reconocer la condición de asegurado, lo que supone a su juicio «llevarse por delante» el principio básico de la universalidad. Isabel Muñoz de Podemos denunció la «esquizofrenia» del PP por «decir una cosa y hacer otra» y tachó de «miseria moral» retirar la asistencia a los ‘sin papeles’. Por último, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, denunció la situación en el acceso a la historia clínica, a los especialistas, pruebas u operaciones quirúrgicas, que conllevan «compromiso de pago», así como en la prestación farmacéutica.