«Entra, hace frío fuera», reza sobre una foto invernal la página web del Instituto Conde Diego Porcelos, en Burgos capital. De seguir así, también acabará haciendo frío dentro, porque este centro es uno de los muchos de la provincia que están empezando a notar de forma directa los recortes impuestos por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, obligados por la falta de disponibilidad presupuestaria.

A la vista de que el panorama no era nada halagüeño, hace meses que los equipos directivos se temían que iba a haber reducciones, pero la confirmación ha llegado recientemente con el segundo pago anual que reciben colegios e institutos (los primeros tienen cubiertos los principales gastos ordinarios por los ayuntamientos, mientras que los segundos dependen íntegramente de las transferencias de la Junta). En marzo-abril llega la primera remesa, equivalente a un 60% del total previsto para todo el ejercicio y en diciembre la segunda, con el 40% restante. Esta última es la que ha venido con ‘sorpresa’.

La Dirección Provincial de Educación comenzó a enviar cartas hace dos semanas a institutos y colegios de la provincia con las asignaciones que iban a satisfacerse para los gastos de funcionamiento y mantenimiento. El documento que reproducimos en estas páginas, perteneciente a un centro de secundaria, recoge que la cantidad que ingresarán en las cuentas «lamentablemente» no se corresponde con la que estaba prevista y que se comunicó a principios del año. Habla de que es «sensiblemente inferior».

El propio director provincial, que firma la comunicación, admite los problemas económicos por los que atraviesa la administración regional, en concreto la «tesorería». Antes de concluir, Juan Carlos Rodríguez Santillana solicita «extremar el rigor en la gestión económica» del centro, además de pedir al equipo directivo del instituto que marque las prioridades en cada caso para continuar con el servicio público que presta.

La situación fue denunciada la semana pasada por el sindicato FETE-UGT, que en un comunicado hablaba de rebajas «entre un 50% y un 80%». Su secretario provincial, Javier Román, advierte solo unos días después que «los pequeños centros lo están pasando muy mal».

Este periódico ha hablado con responsables de sindicatos de educación, con directores y jefes de estudio de varios centros de la provincia y ha obtenido como resultado un panorama nada optimista. Dependiendo de la buena o mala administración de los últimos años, o de las deudas en las que se hubieran embarcado cada uno de ellos, la situación es entre preocupante y alarmante.

Los efectos prácticos se traducen en menos horas de calefacción, en una contención del consumo de electricidad, en una consigna a los profesores para reducir las fotocopias, dejar de imprimir a color o limitar al máximo la renovación del material informático. El gasto más importante es el de gas natural o gasóleo para poder calentar las aulas hasta un nivel aceptable. Como ejemplo, fuentes consultadas sitúan en el entorno de los 4.000 o 5.000 euros el gasto en calefacción de un centro de tamaño notable, en torno a los 500 alumnos.

Desde CSI-CSIF, Judith Pérez admite que en un momento como éste las medidas de ahorro son más entendibles pero denuncia que cuestiones como la calefacción, la luz o el agua «son básicas». Además, prevé que la modernización informática y audiovisual, «por las que habíamos apostado en los últimos años», se resientan.

La responsable del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STECyL) en la provincia de Burgos, Marta Carrasco, apunta que los recortes se han producido tanto en colegios como en institutos, aunque son más importantes en la Educación Secundaria. No hay que olvidar que el mantenimiento de los colegios y el arreglo de los desperfectos en la Educación Primaria corren a cargo de cada uno de los ayuntamientos de la localidad, que son quienes pagan las facturas. Algunos de ellos, como es el caso del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, envió en octubre una carta en la que reclamaba a los centros la contención de los consumos e incluso ponía a su disposición un «gestor energético» para evaluar las medidas y sus resultados.

STECyL ha mostrado una queja formal a la Consejería de Educación y en una reunión reciente de la Mesa Sectorial en Valladolid con el director general de Recursos Humanos pidieron explicaciones por estos recortes en las asignaciones. Carrasco apunta que le han comentado que la Junta tratará que la siguiente partida prevista para abril se adelante a enero y así poder paliar las dificultades por las que atraviesan los centros, no solo de la provincia sino de toda la Comunidad Autónoma.

«Creemos que se puede recortar en otros gastos pero no en el mantenimiento y en el normal funcionamiento de los institutos», precisa la también representante de Acción Sindical del sindicato a nivel regional. Carrasco confirma que las partidas para el mantenimiento de los institutos ya estaban ajustadas en los últimos años. «De seguir con esta política, ¿quieren que cuando se acabe el dinero se cierren los centros?», se pregunta.

Por su parte desde Comisiones Obreras, Roberto Martínez pide «huir de los alarmismos aunque sí estar vigilantes» y apunta que los temores se extienden hacia el año que viene, ante la posibilidad de que el cierre del grifo se alargue.

El director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana, matiza en declaraciones a DB que los recortes en la segunda partida no quieren decir que la parte restante no se pueda compensar a comienzos de 2012. «No es la primera vez que se produce esta situación. Ha habido años que una parte del dinero se ha enviado a comienzos del siguiente. Los centros no van a recibir más dinero en el 2011, lo cual no quiere decir que no se reciba el resto en función del montante económico de 2012. Los directores saben por otros cursos que esta situación puede darse», apuntó.

La portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres, Marisa Beúnza, aseguró que están «indignados» ante esta situación y no descartó «movilizaciones» en caso de que detecten que la temperatura de los centros es inferior a la legal. «Va a repercutir en la calidad de la educación y en la salud de nuestros hijos», dijo Beúnza. De momento, en la asociación exigirán que «aparezca el dinero, porque ya estaba presupuestado» y que «se recorte de los conciertos, no de la educación pública».

PSOE: «Es una crónica anunciada»

Ante las noticias que distintos centros también van llegando al principal partido de la oposición, la procuradora socialista por Burgos María Fernanda Blanco afirma que «estos recortes han culminado una crónica que nosotros habíamos anunciado durante todo el otoño y que el PP había negado sistemáticamente ». A juicio del PSOE, «es lamentable y triste tener que llegar a estos niveles de obligar a prescindir de algo tan básico como la calefacción» y Blanco anuncia que en el próximo Pleno de las Cortes pedirán explicaciones sobre cuál ha sido el destino del dinero reservado en las partidas para los centros y que ahora no se transferirá en su totalidad».