La Dirección Provincial de Educación ha decidido tomar medidas excepcionales y permitir al colegio Princesa de España requerir documentación extra a las familias de los 118 niños del centro que utilizan el servicio de transporte al estar empadronados fuera de Villarcayo y que, por tanto, cuentan con el comedor escolar gratuito. Su objetivo es poner freno al fraude que se venía produciendo en algunos casos y que fue denunciado el pasado 9 de octubre a través de la página web del centro por padres indignados que aseguraban tener constancia de, al menos catorce niños, falsamente empadronados en localidades del entorno de Villarcayo para acudir al comedor de forma gratuita, aunque residen en la villa.
Solo la petición de la documentación realizada ante «las dudas sobre el domicilio real de algunos alumnos transportados» y que los padres habrán de presentar antes del 7 de noviembre ya ha conllevado, según ha podido saber DB, que varias familias se hayan dado de baja en el servicio del transporte y, por tanto, comiencen a pagar los 80 euros mensuales de media que cuesta el comedor o también se hayan dado de baja del mismo. Según el director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana, quien afirma que en otros centros también se ha pedido documentación adicional o extraordinaria «por éstas o similares circunstancias», a estas familias no se les abrirá expediente.
Quienes, en cambio, han tenido a sus hijos empadronados en Horna, Villacanes, Mozares o Cigüenza sin ser realmente su domicilio, como denuncian los padres indignados, y aún no han dado un paso al frente lo tienen difícil para continuar con el fraude, porque se les ha exigido un certificado de empadronamiento de toda la unidad familiar para comprobar que el niño vive en el mismo hogar que sus padres.
Asimismo, se les ha requerido un documento que acredite el domicilio de la familia a efectos fiscales y el último recibo de luz, agua o gas del domicilio familiar a nombre del padre, madre o tutor para comprobar si coincide con el empadronamiento del escolar. De este modo se acabará el agravio con los padres de otros 45 niños con domicilio en Villarcayo que acuden al comedor y pagan por él.
Quienes sigan siendo usuarios del servicio de transporte el próximo 7 de noviembre y no hayan presentado la documentación requerida «se les suprimirá este servicio durante todo el curso académico sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales que pudieran dar lugar», según indica la carta enviada a las familias de alumnos transportados.
Asimismo, si la documentación presentada provoca dudas, podrán ser investigadas por la Guardia Civil. Y si con la documentación y los informes policiales, Educación deduce que puede haber irregularidades, «se reserva el derecho a iniciar un expediente de devolución de las ayudas hasta un máximo de cuatro cursos, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que de lugar la falsificación del domicilio familiar a efectos de obtener una subvención pública».
Hasta ahora, las situaciones fraudulentas se mantenían porque Educación solo exige el empadronamiento del niño y la obligación de utilizar el transporte una vez al día. De este modo, algunos padres llevaban a los niños por las mañanas y por las tardes acudían a recogerlos a los pueblos cercanos. En otros casos, ni siquiera debían utilizar el transporte, si eran usuarios del servicio de Madrugadores o de talleres extraescolares por la tarde.