El plazo otorgado por el juez Fernando Andreu al expresidente de Bankia y Caja Madrid, Rodrigo Rato, para que depositara una fianza de tres millones de euros se cumplió ayer con la entrega puntual en la Audiencia Nacional de un aval del Banco Sabadell por el total señalado para cubrir la responsabilidad civil, al considerar que podría haber cometido un delito continuado de administración desleal por el uso de las tarjetas b opacas al fisco que tenían 86 exconsejeros de estas entidades.
La defensa del exvicepresidente del Gobierno, a través del abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo, entregó el aval bancario poco antes de la una de la tarde en el registro de la Audiencia Nacional, en la calle Goya de Madrid. Ayer se cerró el plazo de tres días que el titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro impuso a Rato tras tomarle declaración como imputado junto al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj.
El juez señaló en su auto que ambos ejecutivos habrían «consentido, aceptado y propiciado» el uso de las tarjetas black, que supusieron un coste de 12,5 millones de euros durante el mandato de Blesa (de 1996 a enero 2010) y de 2,6 durante la etapa de Rato al frente de la caja madrileña (entre enero de 2010 y mayo 2012).
Fernando Andreu aclaró este pasado martes a Rato que ya descontó en la fianza la cantidad de 197.459 euros, correspondiente al montante que él y otros tres exdirectivos devolvieron el pasado mes de julio a Bankia, por lo que la cifra solo afecta a los gastos que se cargaron en Caja Madrid.
Rodrigo Rato aseguró que la existencia de estas tarjetas tiene un origen anterior a su gestión, ya que se crearon en los años 90, y en concreto cuando él las recibió entendió que su utilización debía servir para gastos «personales» que nunca fueron «objeto de preocupación por lo que siempre le dio plena normalidad» y apostilló que de haber sabido que «no eran transparentemente nítidas» hubiera cambiado su concepción.
MEDIDAS DE CONFISCACIÓN. Además de los tres millones de euros para Rato, el juez impuso una fianza por responsabilidad civil de 16 millones para Miguel Blesa, que intentó conseguir mediante el requerimiento de un aval solicitado a la aseguradora de Caja Madrid, Mapfre, que al cierre de esta edición ni fue respondido ni atendido en el plazo otorgado, por lo que se espera que el juez acuerde de forma el bloqueo de sus bienes.
Cuando se depositen los avales bancarios, el secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número cuatro citará a la entidad o persona que haya prestado el aval, de conformidad con lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil. De forma paralela, la legislación establece que el juzgado acudirá al Punto Neutro Judicial y a la Unidad de Policía Judicial para acceder a la información patrimonial y recabar toda la documentación que considere oportuna como sus datos bancarios, bienes catastrales y todas las propiedades que tenga registrados a su nombre la Seguridad Social.
Las garantías, que fueron impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Miguel Blesa y Rodrigo Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por la utilización indebida de las tarjetas b, así como la multa que debieran pagar del 25% que establece la ley.
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, confesó ayer que le «duele» ver al expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, en la situación por la que está atravesando y manifestó que «desde que dejó el Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha estado acertado».