Los neones de los clubes de carretera no refulgen como antaño. Sus antiguos dueños o antiguas prostitutas reconvertidas en ‘madames’ ven más rentable establecer su negocio en un piso de alquiler, pues no han de hacer frente a los gastos de mantenimiento de un local ni a los impuestos. Más rentable y también más blindado al control policial. Sí, porque un prostíbulo tradicional no deja de ser un establecimiento público en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden entrar en cualquier momento, revisar todas sus estancias y entrevistarse con cuantas personas quieran. En las viviendas particulares tienen vedada la entrada, salvo que acudan con orden judicial o se esté cometiendo un delito flagrante en su interior. De modo que en estas casas es más complicado detectar «mujeres en situación irregular, chicas coaccionadas e incluso menores de edad». La Policía Nacional, no obstante, vigila estas casas, en torno a 40 en la capital, casi el doble que hace una década. El negocio se ha trasladado de los burdeles de siempre a los pisos de alquiler.
En la intimidad de los pisos todo es más difícil de controlar. Lo dice el inspector jefe responsable de la Brigada de Extranjería de la Comisaría, Doroteo González. La Policía Nacional dispone de un catálogo de viviendas que descubre ya no en los periódicos -donde han desaparecido los anuncios de contactos- sino en las páginas especializadas de internet. Los agentes acuden a estas casas pero las inquilinas no están obligadas ni siquiera a abrir. Si lo hacen, lo máximo que pueden exigirles es la documentación, para ver si está en regla. Pero no pueden pasar al interior para ver quién ejerce. «Normalmente salen una a una y hablan con nosotros», afirma el jefe del Grupo de Operaciones (Goes), Ricardo Renuncio. Ahora bien, es de imaginar que si alguna tiene algo que ocultar -está en situación irregular o está reclamada judicialmente- se queda en la habitación y punto. Y si hay menores de edad o mujeres obligadas, es de esperar también que les impedirán acercarse a la puerta.
El principal objetivo de la Brigada de Extranjería es el de liberar a aquellas mujeres que pudieran ser víctimas de la trata. Es decir, chicas que son captadas en sus propios países -África, Sudamérica o Este de Europa- con la promesa de un trabajo en España. En ocasiones las mafias las engañan asegurándolas que vienen a trabajar en la hostelería o la limpieza. Pero cuando llegan, las meten en el negocio de la prostitución bajo la amenaza de que si no saldan la deuda contraída con ese viaje harán daño a su familia. A veces saben que se van a dedicar a la prostitución, pero cuando llegan aquí y les quitan el pasaporte, las prohíben salir del piso, en suma, pierden la libertad, se desesperan y buscan una salida.
Pero claro, en los clubes de carretera era más sencillo localizarlas, con un mero control rutinario. En los pisos de alquiler, resulta mucho más complicado. A la Comisaría ha de llegar una información -no hace falta que sea en forma de denuncia- que a veces procede de clientes o de las propias compañeras. Entonces comienza una investigación orientada a verificar el relato de los denunciantes a fin de solicitar una orden judicial para entrar a la vivienda y ‘excarcelar’ a las víctimas.
La última operación de la Comisaría de Burgos en relación a la trata de mujeres tuvo lugar en mayo de este año, cuando detuvo a una mujer que captaba jóvenes colombianas a las que obligaba a prostituirse en La Rioja. El arresto se produjo en una casa de la Barriada San Juan Bautista. En enero fue detenido el dueño de un club de alterne por alojar a una menor de edad.
Los pisos también presentan algunas ventajas paras las chicas sobre los clubes tradicionales «porque no están sometidas a horarios rígidos y viven en el centro de las ciudades, no a las afueras ni en los pueblos». Ahora bien, hay lugares que funcionan del mismo modo, con ‘madames’ que imponen un estricto calendario de trabajo.
¿Por qué no se persigue por proxenetismo a las personas que regentan estos negocios? La Policía Nacional lo intenta, pero las causas es difícil que prosperen. Aunque quede acreditado que las chicas ejercen la prostitución y pagan un dinero el dueño del piso, tanto ellas como él asegurarán siempre que el desembolso se produce para abonar el alojamiento y la comida. El argumento de defensa es siempre el mismo: «Ellas pueden ir a su habitación con quienes quieran para hacer lo que quieran, prácticas sexuales, hablar o jugar al parchís; nadie las vigila».