El Ayuntamiento de Burgos lleva sin pagar las mensualidades a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Valle de Lora, integrada por Acciona, Copsa y Arranz Acinas y adjudicataria de la gestión del vertedero municipal de Abajas, desde el mes de julio de 2011. Cada una de esas certificaciones asciende a más de 160.000 euros y, según los datos aportados ayer por el concejal socialista Carlos Andrés, la acumulada «supera los 1,2 millones de euros».
De esas facturas, Hacienda incorporó al ‘Plan Montoro’ las que llegaban hasta noviembre (incluido), lo que implica que «eso lo cobrarán aunque no se sabe ni cómo ni cuándo», pero no así las de diciembre, enero y febrero. Dada la urgencia financiera en la que se encuentra la UTE por esta situación, el Ejecutivo de Javier Lacalle, y siempre según la versión ofrecida por Andrés, procederá a pagar esas letras con un reconocimiento extrajudicial de crédito, «pero seguirán debiendo marzo, abril y mayo, que es otro medio millón de euros», amplió el edil socialista.
A esa situación se suma que la UTE es la sustituta del contribuyente en el pago del nuevo impuesto de residuos implantado por la Junta, de tal forma que debe adelantar el dinero de ese impuesto mientras que el Ayuntamiento lo repercute en la tasa de basuras y, posteriormente, se lo devuelve a la UTE. El problema es que Valle de Lora tendrá que pagar 1,2 millones de euros (175.000 toneladas al año a 7 euros la tonelada), con lo cual se enfrenta a una situación económica muy comprometida.
Tanto que, según Andrés, esto podría desembocar en el «impago a los trabajadores y la paralización de la actividad de la planta». Eso es tanto como decir que Burgos se quedaría sin tratar su basura a razón de cientos de toneladas diarias.
Pero esa no es solo la versión del PSOE. Es más, el discurso de Andrés está tomado directamente de una comunicación interna del Ayuntamiento a la que ha tenido acceso este periódico. La firma el jefe del Servicio de Limpieza y va dirigida directamente a Tesorería. En el documento se dice, literalmente, que «el retraso del pago puede afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo del acreedor y, además, la interrupción en la prestación del servicio por la falta de pago puede conllevar graves problemas de salud pública».
La tasa subirá
Una de las dos partes del problema tendrá, además, repercusión directa sobre el bolsillo de todos los burgaleses que tengan a su nombre alguna propiedad o sean titulares de un negocio. El millón largo de euros que habrá que pagar a la Junta lo adelantará la UTE, pero después hay que repercutirlo sobre el usuario final: el pagano.
Según los cálculos que defendieron ayer en el PSOE, el Ayuntamiento de Burgos podría verse abocado a que el recibo de las Basuras que se gira «a particulares y empresas» llegue a incrementarse hasta un 30% a partir del próximo ejercicio fiscal, que suele comenzar con la aprobación de las ordenanzas en el mes de octubre.