La sentencia del TSJ que anuló la subida del IBI de 2013 sigue moviendo mareas en el Ayuntamiento de Burgos. En el Grupo socialista ya han echado cuentas y, según la concejala Carmen Hernando, la cantidad que se cobró indebidamente (siempre según el citado fallo judicial) asciende a «5,4 millones de euros, sumando lo cobrado en 2013 y 2014».
Porque, a juicio de los socialistas, y a pesar de que el TSJ se refiere únicamente al incremento de 2013, si la subida aplicada entonces fue irregular, la del año siguiente no lo fue menos. «En un recibo medio de 360 euros, eso supone más de 40 euros en dos años», amplió Hernando, quien consideró que «lo mínimo que debería hacer el alcalde es devolverlo y pedir disculpas a los ciudadanos, porque ninguna persona honesta dejaría de devolver algo que sabe que ha cobrado mal aunque la Ley no se lo exija».
Porque esa es otra. En el PSOE asumen, atendiendo a las explicaciones que han recibido de los servicios jurídicos municipales, que «la anulación de la subida no implica la anulación de los actos administrativos», lo que traducido al católico practicante significa que ningún ciudadano, salvo aquellos que lo reclamaron en un plazo no superior a dos meses desde el cobro, tiene ya derecho a exigir que se le devuelvan las cuantías cobradas de más.
Como es sabido, la sentencia señala que la Ley estipuló una subida máxima del 4% en el tipo impositivo del impuesto de Bienes Inmuebles. Ese incremento fue aplicado directamente, y también en cumplimiento de la Ley, a la mitad de las propiedades de Burgos, concretamente a aquellas cuyo valor catastral estaba por encima de los 75.000 euros, y a todas las no residenciales. Pero es que además se sumó, a todos, una subida del 5,3%, por lo que en el caso de aquellos a los que no afectó el incremento del 4% se les cobró un 1,3% de más (es a lo que se refiere el TSJ en su fallo) y, al resto, el 1,3% más el 4%. Es decir, el 5,3%.
Al Supremo
En el equipo de Gobierno, por contra, tienen otra versión de los hechos y la van a defender en casación ante el Tribunal Supremo. «No estamos de acuerdo. Nosotros seguimos los criterios marcados por escrito por la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, y esos criterios dicen que en ningún caso debe incluirse la revisión del 4% para los valores catastrales más altos», explicó el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda.
El edil amplió que, incluyendo las dos subidas, el tipo impositivo quedaba ligeramente por encima del 0,5, «mientras que los límites de la Ley dicen que tiene que estar entre el 0,4 y el 1,1, por lo que estaba dentro de forma holgada». Por tanto, en el ejecutivo local tienen claro que «no ha habido equivocación por parte del Ayuntamiento», así que no se contemplará la posibilidad de proceder a devolución alguna. Entre otras cosas, continuó De Foronda, porque si, conocido el fallo del Supremo, resulta que, efectivamente, el Ayuntamiento tenía razón, «no vamos a andar devolviendo dinero y después exigiendo que nos lo vuelvan a pagar».
El titular de Hacienda, muy molesto con esta polémica, justificó en la necesidad de pagar las facturas y el mantenimiento de los servicios públicos el alza de los impuestos de los últimos años.