Más allá de otras responsabilidades que pudieran existir y de la revisión de un buen número de facturas para saber si se han pagado (una o dos veces), no se han pagado, se cambiaron por algo o se anularon, el foco del ‘caso factura’ se centra ahora en el uso que el concejal Eduardo Villanueva pudo hacer de los duplicados de tarjetas de datos municipales.
Los informes técnicos hablan de un uso «desmedido e inapropiado», dijo el alcalde, pero la pregunta que todos los partidos de la oposición quieren ver respondida es cuál o cuáles fueron.
Sobre la posibilidad jurídica de que Telefónica acceda a entregar esa información se ha debatido mucho en los últimos días. Las leyes de privacidad y de protección de datos son estrictas y, a pesar de que el propio Javier Lacalle explicó haber mantenido «conversaciones» con el operador para conocer exactamente en qué se movieron los datos, la respuesta ha sido «no».
Para la oposición eso no es suficiente puesto que, demostrado que los duplicados desde los que Villanueva movió miles de gigas en los últimos dos años no eran de la línea que tiene asignada como concejal, sino de una tarjeta de un departamento, hay quien considera que el Ayuntamiento sí tiene derecho a exigir esa información. Este periódico ya advirtió que la compañía avanzó que no los facilitaría «salvo orden judicial».
Puesto que no existen pruebas documentales que acrediten el interés de Lacalle por obtener, primero, y hacer públicos, después, esos datos, fue el propio regidor el que ayer firmó una carta (dirigida al director de Administración Pública y Empresas del territorio centro de Telefónica) solicitando que se confirme este obstáculo jurídico.
«Cuando se ha preguntado verbalmente por la posibilidad de conocer qué descargas se han producido para llegar a esos altos consumos se nos ha indicado desde distintas fuentes de esa compañía que no era posible. Como quiera que se plantean dudas al respecto, les agradecería que nos comunicaran oficialmente (esta palabra se subraya) si es posible conocer el contenido de esas descargas», reza el texto.
Además, Lacalle añade que «si la respuesta fuera positiva nos gustaría que nos remitieran de inmediato esa información de cada uno de los meses 2011 y 2012 y, en caso contrario, que se nos explicara por qué no es posible obtener esa información». Y hasta ahí.
El propio Lacalle ya advirtió el jueves que le había pedido «entre 10 y 15 veces» a Villanueva que le diera explicaciones convincentes sobre el tráfico de datos sin obtenerlas, revelando además que prevalecían las «descargas», algo que se concreta en el texto.
Su ‘segundo’, Ángel Ibáñez, amplió después que «para nosotros este caso no está cerrado hasta saber si podemos conocer en qué se usaron las tarjetas y recuperar el dinero de las facturas».