Había sido reprobado en público, se le había exigido su acta de concejal por parte del presidente de su Partido y del propio alcalde y ayer iba a ser expulsado del Grupo Municipal Popular, pero antes de llegar a eso («no hagáis nada», le dijo a Javier Lacalle vía sms antes de llamarle para explicárselo en persona) remitió una carta de renuncia en la que abandona su escaño dos días después de negarse a hacerlo pese al ‘consejo’ de Rico en días pasados.

El ex concejal del Ayuntamiento Eduardo Villanueva, protagonista principal del ‘caso factura’, que arraiga en un consumo y una facturación desorbitados desde un duplicado de una tarjeta de datos que negó tener, se va manteniendo su inocencia y apoyándola en unos informes técnicos que, a juicio de su Partido, tenían otra lectura.

Lacalle, tras hacerse pública la decisión de Villanueva, la valoró  como «buena para la ciudad y para él» y mostró un «agradecimiento público por el trabajo que ha desarrollado durante muchos años en este Ayuntamiento».

En su carta, el ex edil  se pregunta si debe «pedir disculpas por nada» y mantiene que cree en la «política con mayúsculas, pero no en cómo interpretan algunos esta noble actividad». A pesar de haber asegurado el miércoles que no entregaría su acta de concejal, lo que ayer le hubiese convertido de facto en un concejal no adscrito en el Pleno, Villanueva argumenta que «renuncio a mi puesto de concejal del PP del Ayuntamiento de Burgos así como a mi acta de concejal. Y lo hago por mi familia. Lo hago por mi partido. Y lo hago para que injustamente la política no se vea perjudicada».

Más allá de los hechos probados y aquellos que se pueden investigar de forma ulterior, una de las actuaciones clave del edil en este proceso para perder la confianza de sus compañeros y superiores y provocar airadas reacciones ciudadanas (que en ocasiones han llegado a ser absolutamente intolerables por la gravedad de las mismas) fue la constatación de que ocultó que tuviera un duplicado de la tarjeta desde la que se habían producido los elevados consumos y gastos vinculados.

En el transcurso de una Junta de Gobierno aseguró «rotundamente» a sus compañeros y a Lacalle que la línea en cuestión no pertenecía a ningún corporativo. Y sí, eso fue cierto porque en realidad el duplicado (que han sido tres) lo era de una tarjeta de un departamento municipal, y no de un concejal. Lo que no dijo es que él la tenía duplicada.

Cuando se comprobó que la realidad era esa, la situación se tornó irreversible a nivel político. A ese respecto, Villanueva insiste en su carta que «no he mentido a nadie. Ni a mi partido, ni a los vecinos, ni a los medios de comunicación. La responsabilidad política con esta renuncia la asumo como parte de esta actividad y como me ha pedido mi familia, pero no asumo la condena social a la que he sido sometido y más después de conocer los informes» a los que sigue aferrándose pese a que son los mismos usados por Rico y Lacalle para exigir su cese.

Al respecto de la denuncia presentada en el Juzgado de Guardia en días pasados (por el PCAS) para que se investigue el uso de la tarjeta, el ex concejal (técnicamente lo sigue siendo hasta que se haga efectiva su renuncia en el próximo Pleno) asegura que «colaboraré con la Justicia en todo cuanto me sea requerido y aportaré las pruebas requeridas y que obran en mi poder». Esas pruebas eran las que le han pedido, sin éxito, sus superiores.

Igualmente, se pregunta, en el supuesto de que «la Justicia dictamine que no existe delito alguno o yo no soy responsable», «¿quién repara el daño realizado a mí, a mi familia y a mi reputación? ¿Quién me va a pedir disculpas?», y termina su escrito anunciando que recupera su «actividad profesional».

El relevo

A partir de ahora, lo que se abre es el proceso para relevar a Villanueva con una nueva persona que entre a formar parte del Grupo Popular. Además de que el Pleno debe ser informado, hay que dar constancia a la Junta Electoral y seguir un procedimiento que situará en la plenaria de diciembre el nombramiento de un nuevo corporativo, tal y como avanzó ayer Javier Lacalle. El siguiente en la lista fue Víctor Arnaiz, y el siguiente a Arnaiz fue José Antonio Antón, que ya ejerce como responsable no electo de Festejos y miembro de la Junta de Gobierno.

 El vicealcalde, Ángel Ibáñez, explicó ayer que «las circunstancias en las que alguien acude a una convocatoria electoral pueden verse modificadas en el tiempo», motivo por el que ahora deberá ser el Partido (Rico y Lacalle, concretamente) el que, escuchados a los señalados, tome la decisión puesto que si Arnaiz no se sienta en el Pleno, también deberá renunciar a ese derecho.

La corporación, por tanto, queda formada por 26 concejales (el PP mantiene la mayoría absoluta con 14) y el edil de Hacienda, Salvador de Foronda, asume por el momento las responsabilidades que tenía Villanueva, que ya «no puede ejercer como corporativo, ni asistir a comisiones ni votar en el Pleno», zanjó Lacalle.