Sólo una de cada cien parejas que se rompen cada año en Castilla y León solicitan también a la Iglesia la nulidad eclesiástica de su matrimonio. Y es que el desconocimiento, como aseguran varios vicarios judiciales de diócesis de la Comunidad consultados por este periódico, y la tramitación de un proceso que se teme largo llevan a muchos a desistir de esta posibilidad.
Una estadística que puede cambiar con la reforma del Código de Derecho Canónico aprobada hace unos días por el Papa Francisco y que, entre otras novedades, plantea que los costes para los solicitantes sean gratuitos y que deje de existir el requisito de la doble sentencia conforme para las declaraciones de nulidad matrimonial en que hay acuerdo de ambas partes.
En el caso de Castilla y León, las diócesis tramitan una media de medio centenar de nulidades matrimoniales al año, la mayoría de ellas con sentencia favorable. Desde Valladolid, José Andrés Cabrerizo, vicario judicial y deán de la catedral, se encarga de las de la provincia en primera instancia y de las de Ávila y Salamanca en segunda. El año pasado se registraron en total 19 nulidades, mientras que en lo que va de año ya han tramitado 25.
La Archidiócesis de Burgos, por su parte, recoge las de la provincia burgalesa en primera instancia y además en segunda las de Bilbao, Vitoria, Palencia y Soria. El vicario judicial adjunto, Donato Miguel Gómez, explica que desde su creación en el año 76 han tramitado 2.500 causas, de las cuales 800 han sido en los últimos 15 años con una media de medio centenar al año. De las que ven anualmente, unas veinte corresponden a Burgos mientras que Palencia y Soria registran unas cinco.
Tampoco son muchas las que reciben en Oviedo, obispado del que dependen León y Astorga en segunda instancia. Durante el año pasado fueron cuatro de la capital leonesa y ninguna de la otra diócesis castellano y leonesa, las mismas cifras que llevan en lo que va de 2015, según detallaron fuentes del Tribunal Eclesiástico, que aseguraron además que el índice de confirmación de León a Oviedo suele estar en el 95 por ciento.
Propuesta del Papa. Tanto José Andrés Cabrerizo como Donato Miguel Gómez recalcan que la renovación propuesta por el Papa Francisco era muy esperada y demandada por los canonistas y tribunales eclesiásticos. El vicario judicial vallisoletano apunta que de momento habrá que esperar para conocer cómo se ejecutan finalmente las competencias que se otorgan al obispo para asignar la causa a un único juez clérigo, si es posible, con la ayuda de dos asesores expertos en ciencias jurídicas o humanas. Asimismo, establece que «en los casos en los que la invalidación es más evidente», pueda ser el mismo obispo quien lleve la causa.
Además, Cabrerizo recuerda que ya era un proceso gratuito para las personas que carecen de recursos suficientes y que podían disponer de un abogado de oficio. «Todavía hay muchos flecos sueltos», afirma respecto a las novedades introducidas por el Papa.
Una de las que más convence a los vicarios judiciales es el acortamiento de los plazos para que se pueda conseguir la nulidad en un año aproximadamente. En el caso de Valladolid, ahora mismo se tarda un año y medio o dos años en primera instancia y cuatro o cinco meses en segunda.
En el caso de Burgos, Donato Miguel Gómez asegura que los procesos duran una media de nueve meses, «aunque se pueden alargar cuando tengo mucho trabajo». Aunque ante todo, recuerda, se intenta que sea «un proceso sanador para las personas que quieren rehacer su vida».