El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró ayer una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que propone modificar la Ley de Extranjería para, en una disposición adicional, introducir un «régimen especial de Ceuta y Melilla» que crearía una figura jurídica aplicable solo en estos territorios. 

La enmienda plantea que «los inmigrantes que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de las ciudades autónomas, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, sean rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». 

De este modo, se estaría regulando la conocida como devolución en frontera, una práctica diferente a las devoluciones en caliente que las ONG que operan en Ceuta y Melilla vienen denunciando desde hace más de una década, que no tiene amparo legal y que consiste en entregar sobre la marcha a Marruecos a los sin papeles que han saltado la valla o se han apostado encima, sin darles la oportunidad de pedir asilo. 

Desde que el pasado febrero se documentara en vídeo cómo 23 inmigrantes que habían llegado a nado a Ceuta eran entregados de inmediato a las autoridades alauítas en un suceso en el que murieron 15 personas, tanto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,  como su número dos, Francisco Martínez, han venido defendiendo que esta práctica correspondía a un «rechazo en frontera» y a un «concepto operativo» de vigilancia del perímetro. 

 

PLENA COBERTURA JURÍDICA. En esta línea volvió a manifestarse el titular de Interior en las declaraciones que realizó a los medios en los pasillos del Congreso al ser preguntado por este asunto. Así, Fernández Díaz puntualizó que la Guardia Civil tiene encomendado por ley la custodia de las fronteras españolas y, con ello, intentar que ni personas, ni mercancía, entren en el país de manera ilegal, aplicando «un concepto operativo de rechazo en frontera y no de devolución en caliente, que es algo ilegal» desde la crisis fronteriza de Ceuta y Melilla de hace una década.

De esta forma, precisó que este concepto «no estaba tipificado o regulado de manera explícita» y lo que se hace con esta enmienda es incluir una disposición adicional en la Ley de Extranjería para que la Guardia Civil, mientras protege las fronteras, «lo haga con plena cobertura jurídica».

«Se le da amparo legal al concepto operativo de rechazo en frontera que utiliza los agentes por mandato desde 2005», apostilló, un aspecto que cree que «incluso la UE» hubiera pedido a España que regulase. «No es lo mismo esto que una devolución en caliente. No se puede legalizar algo que es ilegal», sentenció.