La acusación popular en el caso del exorcismo de la menor de edad burgalesa no se rinde. Los seis tíos maternos de la niña, que contaba 17 años y estaba bajo tratamiento psiquiátrico cuando fue sometida a al menos 13 exorcismos con el beneplácito de sus padres, su profesora de religión y el Arzobispado  de Burgos, por entonces bajo el mando de Francisco Gil Hellín, han recurrido en apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción, 2 de Burgos que decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, lo que significa que el caso será derivado a la Audiencia Provincial. Todos los señalados reconocieron los exorcismos, pero negaron haber coartado, vejado o agredido a la exorcizada. 

La investigación arraiga cuando, en agosto de 2014, la muchacha interpuso una denuncia en la Comisaría de Burgos en la que manifestaba que vivía bajo una asfixiante atmósfera religiosa en su entorno familiar, que su vida estaba totalmente determinada por las limitaciones paternas, que era obligada a hacer penitencia y, sobre todo, que fue sometida a una retahíla de ritos bajo pretexto de que se encontraba endemoniada. Además, narró a los agentes varios intentos autolíticos presuntamente provocados por la ansiedad inducida por esa ‘ortodoxia’ parental.

Conocidos los hechos por boca de la menor, todos los hermanos de su madre, incluyendo a una religiosa, la apoyaron en la judicialización de los hechos. En enero de 2015 la joven prestó una «larga y detallada» declaración en la que fue «ratificando punto por punto todas y cada una de las acusaciones vertidas en su denuncia, añadiendo importantes detalles».

El truculento relato de los hechos señalaba que fue obligada, contra su voluntad, a someterse a los ritos, que fueron oficiados por el exorcista vallisoletano Jesús Hernández Sahagún; que se le recomendó «que anulara las citas con el psiquiatra» y que recibió insultos y toda suerte de coacciones. Así se recoge en el recurso para contextualizar qué ocurrió hasta que se registró otro hecho trascendente.

Cuando la afectada realizó esa pormenorizada declaración ante el Juzgado «se encontraba alejada de sus padres y a cargo de una fundación en la ciudad de Zamora en convenio con la Junta de Castilla y León». La acusación sostiene que «la presión» que ejercieron «los padres, pese a la distancia», provocó que «abandonase la residencia y volviese al domicilio familiar en Burgos». Cuando «no habían pasado ni 24 horas hubo de ser ingresada en Urgencias y derivada a un centro psiquiátrico». Meses después, la niña «fue recogida del psiquátrico por sus padres y llevada a un juzgado para ratificar un manuscrito en el que decía renunciar a las acciones penales y civiles». Dicho manuscrito, publicado en su momento por este periódico y que contenía terminología jurídica, fue la base sobre la que el Juzgado decretó el sobreseimiento.

 

No se lo creen.

En el recurso, la acusación considera que el sobreseimiento «no tenía en cuenta unos hechos con apariencia delictiva» y que «resulta innegable que la práctica de unas sesiones de exorcismo sobre una menor psiquiatrizada» también «era objeto de instrucción en la presente causa», a pesar de lo cual no se entró a valorar al considerar la sala, como también la Fiscalía, que el escrito de la muchacha declinando continuar las acciones justificaba el fin del procedimiento.

Aferrados a que su sobrina fue objeto de «un posible delito de lesiones y/o maltrato psíquico» por haberle inducido «la creencia irracional de estar poseída por el demonio», los tíos de la presunta víctima creen que los hechos «constituyen una conducta punible». Para apuntalar su acusación, refieren el informe de un psiquiatra que trató a la joven en el que se habla de una personalidad esquizoide que «podría estar relacionada con el hecho de que la paciente haya estado expuesta a formas de comunicación irracionales o generadoras de confusión».

Bajo los argumentos que se detallan a lo largo de 12 folios, la acusación interpone recurso de apelación y solicita la remisión a la Audiencia Provincial de la totalidad de la causa. Es en esa instancia en la que ahora deberán decidir qué hacer con un caso que alcanzó repercusión nacional.