Alguien ha colgado, a la entrada de Castrobarto, un muñeco ataviado con gorra y mono de trabajo. La leyenda colocada a sus pies dice: «R.I.P. Este vino a hacer pozos...». Un cartel antifracking situado pocos metros antes lo deja más claro todavía, por si alguien no se había dado por aludido. La Junta de Traslaloma no quiere ver ni en pintura a la fractura hidráulica.

La filial española de la empresa canadiense BNK Petroleum presentó hace 10 días proyectos para perforar seis emplazamientos distintos en Las Merindades y en el páramo de Masa. Su publicación en los boletines oficiales del Estado y de la Comunidad Autónoma se espera de forma inminente, y este paso administrativo que supone un avance cualitativo  ha avivado la incertidumbre en los municipios afectados y su entorno.

La técnica de la fractura hidráulica para buscar gas natural bajo las tierras de la provincia se presenta como una alternativa para la explotación de reservas que de otro modo no serían rentables. Es una oportunidad de negocio en un mundo con una gran dependencia energética de los hidrocarburos (el fracking también sirve para obtener petróleo), pero su relativa corta experiencia y los riesgos asociados generan una gran inquietud que no para de crecer.

Comercios, viviendas particulares, señales de tráfico y edificios públicos de las comarcas implicadas lucen carteles, pegatinas y pintadas en contra de la técnica hidráulica. No es un fenómeno unánime, pero llama la atención y visibiliza que la fractura también es social. Y que restan años por delante de debate. Las Merindades aglutina la mayor concentración del rechazo, por su volumen poblacional y porque son más las localidades que podrían resultar directamente afectadas, tanto por los pozos de BNK como por los que la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) plantea en la Merindad de Montija. Basta con acceder a la comarca por Trespaderne, una de sus puertas naturales, para empezar a ver las primeras expresiones públicas de rechazo. Por ejemplo las que África muestra en su local de muebles y decoración Yedra (en Medina de Pomar). Es consciente de que el posicionamiento de una tienda puede hacerle perder clientela, tal y como cuentan otros comerciantes, pero no le importa. «Vivir con miedo sería lo último», sostiene.

El precedente de Garoña, otro supuesto polo de desarrollo económico que no se libra de la polémica, ejerce también de combustible. Y también el de la incineradora de Moneo. «Nos quieren traer aquí todo lo malo, a ver si algún día nos cae algo bueno», coinciden en relatar en la comarca.

«Lo malo», en el caso del fracking, se resume de forma simplificada en dos miedos fundamentales: a la contaminación de las aguas y a los microseísmos.  Los sondeos para llegar hasta 4.500 metros de profundidad atravesarán a su paso varias capas del subsuelo y acuíferos, y por esos tubos se introduce agua a presión y arena mezclada con aditivos químicos. La empresa BNK relata en un folleto informativo que el pozo se construye con «tres tubos concéntricos de acero y cemento que aíslan totalmente», pero los contrarios no se fían.

Hipólito Delgado, miembro de la Asamblea Antifracking, insiste en que «varias universidades de Estados Unidos (el país con más experiencia) han certificado científicamente los perjuicios». El Defensor del Pueblo pidió el año pasado información al Ministerio de Industria sobre los posibles riesgos del fracking. Internet está lleno de referencias, y ese es un riesgo que no están dispuestos a asumir por mucho que, de nuevo, la empresa conteste que «la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU certifica que no hay ningún caso registrado de contaminación de acuíferos por fracking».

La contaminación de las aguas sería, para los vecinos, el mayor peligro. Temen por sus explotaciones agrícolas y ganaderas, por su ecosistema en general y por su salud en particular. A ello se suma, además, el riesgo de microseísmos asociados a la fractura. Aunque fueran temblores incapaces de ser percibidos por la población es algo especialmente delicado para el entorno de una central con tanta antigüedad como Garoña. Ahí el Consejo de Seguridad Nuclear tendrá mucho que decir mediante un informe muy esperado.

En torno a un café, en la plaza de Espinosa de los Monteros, charlan Yolanda Martínez (responsable de las organizaciones agrarias en la Asamblea Antifracking), Luis Román (concejal del PSOE en Espinosa) y Pepe Casado (concejal de Iniciativa Merindades en Villarcayo). Insisten en la cantidad de información que llega de otros países donde el fracking está más avanzado y en su desconfianza de las administraciones, «porque el Gobierno está a favor del fracking», tomando como precedente el caso de la Plataforma Castor. Aquello fue un depósito artificial y subterráneo de gas natural frente a las costas de Castellón y Tarragona que acabó provocando pequeños terremotos y que ante la alarma social el Gobierno paralizó, indemnizando  a la empresa con 1.350 millones de euros. Hablan de ocultación de datos y falta de transparencia, de que las estimaciones sobre el rendimiento de las bolsas de gas natural están  sobrevaloradas y de que el enriquecimiento se limitará a unos pocos:la empresa y los dueños de los terrenos sobre los que se levanten los pozos. Pepe Casado lo resume: «¡No se pueden comprar voluntades a cambio de un empleo mínimo!».

La promesa económica

Por contra, BNK habla de que se generarían «de 50 a 150 empleos por pozo», sumando puestos directos e indirectos derivados del suministro de gasoil y arena, los transportistas, los materiales de construcción y los hoteles y restaurantes cercanos. Sus cifras incluyen también unos ingresos de «hasta el 4%» para los ayuntamientos y comunidades autónomas derivados de la fiscalidad sobre la producción gasística, de un pago directo a los municipios de «entre 300.000 y 600.000 euros en concepto de impuestos y tasas locales», de una inversión directa de 250 millones de euros, de un canon de 125.000 euros por cada sondeo de exploración o de producción y de que los propietarios de los terrenos en la zona del yacimiento (en un perímetro que deberá concretar el Ministerio de Industria) recibirán el 1% de la producción de cada emplazamiento, algo que la compañías calcula en un montante total de «entre 2 y 4 millones de euros».

Fuentes de la empresa apuntan, además, que «cada vez que sale en la prensa que damos un paso nos llegan un montón de currículums, nos ofrecen terrenos y las empresas se interesan por la prestación de servicios».

Hay, por tanto, una expectación, pero este argumento no convence a José Ignacio Angulo, preside Asociaciones de Las Merindades, conglomerado que aglutina a más de 160 colectivos. Está convencido de que «esto no sería malo, sino peor, y nos destrozaría nuestro modelo basado en la agricultura, la ganadería y el turismo, llevándose por delante muchos más puestos de trabajo de los que crearía». La polémica tiene también de fondo un sentimiento de abandono de la comarca, la idea de que «no nos consideran suyos ni los de Burgos ni los vascos», dicen varios vecinos.

Las voces críticas se expresan públicamente de forma mayoritaria, pero también hay ejemplos a favor. Como el de Julio López González, presidente de la Asociación de Amigos de Medina, que aquí ofrece su opinión «a título particular para no herir sensibilidades». A su juicio «hay que dejar trabajar a todo el mundo y las autoridades sanitarias e industriales que lo controlen», porque «el país necesita mano de obra». Admite que algunas manifestaciones de las convocadas por los antifracking consiguieron sacar a la calle a miles de personas pero matiza: «Han salido 2.000 o 3.000 y solo la población de Medina suma 6.000».

También es favorable al fracking el presidente de la patronal burgalesa FAE, Miguel Ángel Benavente. A su juicio, «todo lo que sea encontrar una fuente de energía es positivo, y de momento hablamos de una fase de prospección». Es consciente del rechazo existente entre parte de los vecinos pero cree que «muchas informaciones son interesadas» y que «si existe una posibilidad de desarrollo, al menos debe estudiarse».

Su homóloga en la Asociación de Empresarios de Las Merindades, Marisol Fernández, comenta que como patronal de la comarca no han definido una posición oficial pero subraya que «aquí el 95% de la población está en contra» y advierte que la fractura «es algo desconocido, sin garantías para la zona y no sabemos si nos va a hacer bien, pero sí sabemos que podría hacernos mal». Dos empresarios originarios de la zona, Fausto Uriarte (La Villarcayesa) y Mario Conde (Anuncian Tormenta) consideran, sin embargo, que dejar pasar el fracking sería «una oportunidad perdida» y están convencidos de que los movimientos críticos actúan con gran desconocimiento.

Las federaciones del sector químico de UGT y CCOO firmaron el año pasado un compromiso con la patronal en torno al estudio del fracking que titularon, de forma muy elocuente, «Explorar para decidir». El secretario provincial de UGT, Roberto Gómez, se mantiene en esa postura: «No es un asunto fácil, estaremos atentos y queremos tener toda la información para estar seguros».

De cara al futuro se anuncian nuevas charlas y  protestas callejeras. Más allá del ruido social, todo quedará en manos de los técnicos de la Junta de Castilla yLeón y del Ministerio de Medio Ambiente que revisarán los proyectos y estudios de impacto ambiental presentados hace unos días por BNK. Frente a ellos se espera una lluvia de alegaciones, así que el proceso no será nada sencillo. Durará meses, quién sabe si años, teniendo en cuenta además que hay diversos procesos electorales a la vista con sus consiguientes renovaciones  de las cúpulas políticas, y por mucho que repitieran los mismos ganadores el comienzo de una legislatura siempre implica cambios.

22 de los 27 ayuntamientos de Las Merindades, de distintos colores políticos, se han posicionado  contra el fracking y a juicio de la Asamblea eso revela «una mayoría social» reticente. «Nos da lo mismo quién gobierne ahora o quien vaya a hacerlo a partir de mayo o el año que viene. ¡Déjennos como estamos!», clama José Ignacio Angulo. Es el eterno debate sobre los modelos en los que debe sustentarse el progreso.