Tras meses de investigaciones para esclarecer las responsabilidades en el desafío indepenedentista de Cataluña por parte de los líderes del 1-O, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena concluyó ayer la instrucción de la causa. Y lo hizo dictando un auto en el que suspende de cargo público al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros cinco investigados que mantienen su acta como diputados en el Parlament, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) tras confirmarse sus procesamientos por el delito de rebelión. 

De este modo, la resolución del magistrado, además de al que fuera jefe de la Generalitat, afecta también al exvicepresidente del Govern  Oriol Junqueras; al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y a los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, que se encuentran en prisión provisional. En cambio, no se aplica al exconseller Antoni Comín, fugado en Bélgica, al aceptar el Alto Tribunal su intención de recurrir su procesamiento.