Algo extraño ha sucedido con la adjudicación a la UTE Conurna Ingenieros-Factoría de la Vivienda del contrato del servicio y información y atención al ciudadano del 010 (número de teléfono en el que se responde a quienes lo utilizan). De hecho, el PSOE solicitó la comparecencia de la concejala de Participación Ciudadana, María José Abajo, en la comisión de Personal para explicar algunos puntos del procedimiento que no le cuadraban al Grupo mayoritario de la oposición, y justo el mismo día en que se celebraba la reunión (ayer), la UTE registró su renuncia por escrito a menos de 24 horas de hacerse cargo del contrato.
Abajo, que pese a estar parcialmente liberada (a sueldo) en el Ayuntamiento no acudió a la Comisión, todavía no se ha manifestado al respecto, pero sí lo ha hecho el concejal socialista Antonio Fernández Santos, que puso el acento sobre algunos hechos «sorprendentes» de este proceso.
La empresa que hasta la fecha venía gestionando el 010 (Telecyl S.A.) cobraba 249.000 euros al año y tenía (tiene, de hecho) ocho trabajadores en nómina (un coordinador, un documentalista y seis teleoperadores). En 2012 Hacienda aplicó la receta de los recortes exigidos a otras contratas municipales y limitó el gasto a 200.000 euros. «Sin embargo, e incomprensiblemente, el pliego definitivo pasa a exigir nueve personas al aumentar un documentalista a la plantilla», concreta el edil socialista, que también pidió la presencia en la comisión de Personal de los técnicos de Participación (estos sí fueron).
Ante esas condiciones se presentaron cinco ofertas. Cuatro de ellas, incluyendo a la que venía prestando el servicio, ofertaron hacerlo por entre 191.600 y 199.699 euros, mientras que la UTE en cuestión pujó por 179.285 euros. Es decir, que se ofreció a hacer lo mismo, contratar una persona más y cobrar 70.000 euros menos al año.
«La empresa no puede contratar a nueve personas con este dinero, por lo que no le quedaba más remedio que bajar los sueldos a trabajadores que ya están cobrando 800 euros, algo imposible», sostiene Fernández Santos, para quien lo más probable es que «los trabajadores se hayan negado» y eso haya detonado la renuncia sobre la bocina.
Llegados a este punto, el PSOE se pregunta si el equipo de Gobierno forzará el cumplimiento del contrato o, por el contrario, será el segundo ‘clasificado’ (que es el actual adjudicatario) quien se quede con el contrato.