Los cambios legislativos se realizan pensando en que van a suponer un avance para la sociedad, pero algunos tienen unas consecuencias que no son iguales para todos. Es el caso de la Ley de Contratos del Sector Público, que entraba en vigor nada más estrenarse el año y que persigue, entre otros objetivos, luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento. Unos fines que sobre el papel suenan muy bien pero llevar a la práctica del día a día esta ley en un municipio como Aranda de Duero está provocando ciertas consecuencias. 
Una de ellas es que desde que comenzase este mes de agosto los envíos de correo que realiza el Ayuntamiento arandino le están suponiendo un coste que casi dobla el que repercute Correos en su servicio. Y es que, a tenor del nuevo escenario legislativo, una empresa no puede contratarse de forma directa para ofrecer suministros o servicios a una administración pública por un importe superior a los 15.000 euros. Hasta el mes de julio, era con Correos con quien se realizaban los envíos municipales, pero al alcanzarse esa cifra, el Consistorio ha tenido que contratar los servicios de una empresa segoviana para llevar a cabo esta labor, haciendo partícipes de este cambio a los técnicos municipales desde el servicio de Contratación. Según uno de los funcionarios del Ayuntamiento de Aranda, esto supone que el coste de un envío se haya incrementado considerablemente. «Si una carta con Correos nos costaba 0,28 céntimos, ahora estamos pagando 50 céntimos, casi el doble», apunta según su experiencia, ya que las tarifas que Correos cobraba al Consistorio eran reducidas con respecto al precio público, que está en 55 céntimos por carta ordinaria.

Pero no es solo Correos la única empresa con la que el Ayuntamiento arandino ya ha alcanzado los 15.000 euros de contratación directa de suministros y servicios. Según la comunicación realizada por el servicio municipal de Intervención a todas las concejalías, hay otras dos firmas que se encuentran en esta misma situación y las dos del ámbito local. En concreto son Distribuciones Aranda (Diarsa), una empresa de buzoneo de publicidad y correo sin franquear, y Carson Audio, profesionales del sonido y la iluminación de todo tipo de espectáculos y eventos.

En el caso de esta segunda empresa, que presta sus servicios fundamentalmente para las Concejalías de Cultura y Festejos, se da una circunstancia paradójica que afecta a una de las actividades con más repercusión dentro de la programación cultural de la recta final del año. «Ahora se nos presenta la situación de cómo solucionar el tema de la iluminación y sonido del concierto de la banda municipal de Navidad, porque se hace en el auditorio de Cultural Caja de Burgos y allí son ellos los que se encargan de esto, pero ahora nosotros no podemos contratarlos, habrá que buscar una solución», comentan desde la sección técnica del área cultural del Consistorio arandino.

Los responsables municipales consideran que la entrada en vigor de esta nueva Ley de Contratos del Sector Público ha nacido con buenas intenciones pero tiene distintos efectos en el ámbito administrativo de las grandes ciudades que en las pequeñas. «Esta nueva ley de contratos controla de manera excesiva, o de manera muy fuerte, para que no haya corrupción y no se pueda contratar a dedo por valor superior a 15.000 euros para suministros y servicios y a 40.000 por obras», resume el edil de Hacienda del Ayuntamiento de Aranda, Emilio Berzosa. 

El responsable político de las arcas municipales arandinas se muestra comprensible con la necesidad de poner en marcha esta nueva ley pero considera que tiene consecuencias en el día a día de las administraciones y la relación con las distintas empresas. «Yo estoy de acuerdo en que no es nada competitiva pero es una manera de controlar que no haya corrupción. Desgraciadamente esto sale más caro. Hay excesivo control y al final dejan de ser rentable administrativamente según qué contratos», comenta.

Con todo y con ello, la labor de los departamentos municipales de Contratación e Intervención tienen que ajustarse a esta nueva legislación en su trabajo diario y, de esta forma, elaborar pliegos adaptados a esta realidad normativa para poder contar para el próximo año con todos los contratos que precise el Ayuntamiento en regla.