El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ordenó ayer una operación policial que afecta al Partido Popular de Madrid en el marco de una investigación por presunta comisión de delitos de cohecho y blanqueo de capitales dentro de una nueva fase de la Operación Púnica y que apunta a una supuesta financiación irregular del partido en la capital, según informaron fuentes jurídicas.
Las sospechas se centran en pagos realizados por el consejero de OHL Javier López Madrid al que fuera gerente del PP de Madrid hasta octubre de 2014, Beltrán Gutiérrez, quien abandonó el cargo tras el escándalo de las tarjetas black de Caja de Madrid. Por el momento, los hechos investigados se incardinan en los delitos de cohecho y blanqueo de capitales, puesto que en el momento de producirse la presunta entrega del dinero aún no existía el de financiación irregular de partidos políticos, que fue introducido en la última reforma penal.
En el curso de la instrucción se ordenaron cinco registros, entre ellos la sede del PP de Madrid, que está dentro de la sede nacional en la calle Génova de Madrid. En este sentido, la Guardia Civil accedió al despacho del exgerente regional de la formación, que sigue siendo empleado en el PP, y se revisó el ordenador con el que trabaja habitualmente. Gutiérrez acompañaba a los agentes en el momento del registro, tras concluir el que se había desarrollado en su vivienda.
Agentes de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado (UCO) accedieron también al domicilio, así como a dos despachos personales del empresario Javier López Madrid, si bien una portavoz oficial de OHL especificó que no se han visto afectadas por estas actuaciones ninguna de las plantas que ocupa la constructora en su sede de Madrid, ubicada en Torre Espacio.
Los registros habían terminado antes de las siete de esta tarde y no se espera que el juez ordene por el momento nuevas entradas, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción que no descartan que se puedan practicar nuevas diligencias en los próximos días tras analizarse los documentos incautados ayer. De momento se descartan también detenciones en relación con estos hechos.
Urgencia y malestar. La urgencia del magistrado habría obedecido a la publicación el pasado lunes en El Español de una información que apuntaba que la UCO investigaba la veracidad de unos apuntes requisados en una agenda de Francisco Granados donde se señalaban posibles cobros de comisiones ilegales.
La primera en mostrar su sorpresa por esta operación fue la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que negó cualquier tipo de financiación ilegal en el partido. «Esto es un registro a los señores que aparecen presuntamente en una agenda, y financiación ilegal del PP de Madrid, que a mí me conste, no ha habido nunca», sostuvo. «De ninguna manera puedo decir yo que haya tenido que ver con esto. En absoluto. No hay indicios, ni está probado», zanjó la política.