La abogada de Teo Ochoa solicitará en el juzgado la paralización cautelar de la subasta del piso de la calle Alfareros prevista para el día 2 de abril tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (UE) que dictaminó ayer que la ley española en materia de desahucios es contraria a las normas comunitarias y tiene cláusulas «abusivas» para los derechos de los ciudadanos.

También, a la luz de este dictamen, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) envió ayer un escrito a Caja Laboral instando a la entidad a pedir la suspensión. La organización se compromete a levantar la acampada que mantiene desde el lunes frente a la sucursal de la calle Vitoria, que es con la que suscribió Ochoa el crédito, así como el resto de actos convocados en otras provincias si finalmente opta por esta vía.

También muestra su total disposición a encontrar una salida «negociada y justa» al caso de Teo e insiste en que no han sido sus miembros los que han cortado los cauces de comunicación con la entidad en ningún momento del proceso.

El fallo de Luxemburgo es aplicable desde ayer mismo a los futuros casos de desahucio y permite que un juez pueda solicitar la paralización de un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas. Hasta ahora no se permitía esta posibilidad sino que debía tratarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión. La sentencia cree que esta protección a posteriori «resulta incompleta e insuficiente» porque «no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda» y se limita «al pago de una indemnización por daños y perjuicios».

La PAH acogió con satisfacción las sentencia, que viene a defender sus tesis, e hizo un llamamiento a los burgaleses para que la tengan en cuenta para defender sus derechos y a los jueces para que la apliquen. Finalmente, presionará para que prospere la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago. Precisamente, esa dación es la que reclama Teo Ochoa al no poder hacer frente a la hipoteca que suscribió con Caja Laboral tras quedarse en el paro. La entidad inició un proceso de desahucio y le reclama 70.000 euros aunque pidió 60.000.